En todo caso, cuando esta Comisión le consultó al gobernador regional Humberto Acuña sobre estas medidas alternativas, este señaló que remitió una carta formal al expresidente Humala Tasso a fin de que sea el Gobierno Nacional el que adquiera las hectáreas de tierra que no fueron subastadas, y así poder implementar un proyecto con los pequeños agricultores, pero ni siquiera recibió una respuesta a su solicitud253. Según el señor Acuña, se propuso al Gobierno Nacional que las tierras sean adquiridas por medio del Ministerio de Agricultura, a fin de que este les encuentre destino productivo. Lo fundamental para el gobierno regional era que se declare la subasta como exitosa para que el proyecto siga adelante. Cabe precisar que se le requirió al señor Acuña que haga llegar a esta Comisión la referida comunicación dirigida al expresidente Humala Tasso, aunque la misma no fue recibida. En esas circunstancias, el gobierno regional, tras revisar la propuesta remitida por los acreedores permitidos del contrato de concesión, decidió que sea una empresa vinculada a H2Olmos S.A. la que adquiera las hectáreas de tierra que no fueron subastadas, mediante una venta directa. Para ello, se requería de una adenda al contrato de concesión, y el proyecto de la misma recibió la opinión favorable del MEF, mediante Oficio N° 941-2012-EF/10.01 de fecha 30 de mayo de 2012. Esto último llama la atención, pues el Gobierno Nacional no respondió la propuesta de adquirir las tierras, pero sí se pronunció de manera oportuna ante este mecanismo que resultaría más beneficioso para el grupo Odebrecht. En virtud a lo expuesto, y en la misma fecha, el gobierno regional, representado por el señor Acuña, y H2Olmos S.A., representada por los señores Juan Andrés Marsano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, suscribieron la segunda adenda al contrato de concesión, mediante la que se habilitó a cualquier empresa vinculada al concesionario a adquirir las 11,530 hectáreas restantes, y así culminar el proceso de subasta calificándolo de exitoso. De igual forma, resulta cuestionable esta decisión por parte del gobierno regional, ya que, además de beneficiarse de una tarifa de trasvase de agua que implica un ingreso de aproximadamente US$ 30 millones al año y de una tarifa de irrigación que sería pagada mensualmente por cada usuario final, el grupo Odebrecht adquirió 11,530 hectáreas, esto es, poco más de la cuarta parte del total de hectáreas, y al precio más bajo, pues fue el único adquirente que pagó el precio base de US$ 4,250.00 por hectárea. A partir de esta modificación al contrato de concesión, la empresa Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. (OPII) adquirió las hectáreas restantes, quedando la distribución en ese momento de la siguiente manera: 253 COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA-BARTRA. (Transcripción). Lima: 11 de mayo de 2018, p. 59. 98° Sesión ordinaria 138