que éstas estén politizándose, pues, las instituciones militares enmarcan su acción dentro de normas reglamentarias claramente prefijadas y su accionar nada tiene que ver con la actividad político-partidaria. En tal sentido, fue muy claro el Presidente de la República, el ingeniero Fujimori, cuando en su manifiesto a la Nación del 5 de abril de 1992 expresó: “a la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial, se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento y a la acción de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron. Igualmente, hay grupos a quienes les interesa que fracase la estrategia de pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo, los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito de impedir el éxito de la gestión del gobierno sin importarles el futuro del país. Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por recuperar el espacio político perdido”. Se preguntaba el Presidente: “¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy por hoy los agentes de cambios, sino más bien freno a la transformación y al progreso”. Frente, pues, a esta situación en la que estaba en inminente riesgo la institucionalidad del país, el 5 de abril de 1992, se constituyó con carácter de transitorio el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, bajo la Presidencia del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, decisión que fue unánimemente respaldada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, los que apoyando la acción de gobierno asumieron un compromiso con el país, a fin de que pudieran concretarse las medidas requeridas para asegurar la pacificación nacional, erradicar la corrupción y el narcotráfico, reorganizar el Poder Judicial, redimensionar el aparato estatal y hacer viable un modelo económico que afianzando la inserción en el mundo financiero internacional, permitiese a su vez que las potencialidades económicas internas pudieran realizarse a plenitud, de tal forma que el reto y el siglo venidero se encontrase en capacidad de superar los históricos desajustes estructurales e injusticias que impidieron la construcción de una sociedad integrada, progresista, democrática y plena de oportunidades para todos los peruanos. Visto los sucesos desde la óptica actual, el tiempo y la realidad presente nos dan la razón — manifestó— y confirma que la decisión adoptada el 5 de abril de 1992 por el Presidente de la República Ingeniero Fujimori fue acertada, pues, permitió la derrota estratégica del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el combate frontal contra el narcotráfico corruptor que, en alianza criminal, constituyeron un factor permanente de perturbación de la seguridad nacional, poniendo en peligro la viabilidad del Perú como Estado Nación, habiendo merecido el reconocimiento de la comunidad internacional. (5) A todos los señores oficiales generales y almirantes integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional aquí presentes — añadió— les consta que siempre en todas las circunstancias que han rodeado nuestra acción abnegada de servicio al país supimos mantenernos al margen de aquello que no fuese de interés superior de la patria. Nos hemos limitado, pues, a trabajar en la certeza que con el aporte que brindábamos de alguna manera estábamos contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo. -5-