Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 A rea de Licitaciones y A dquisiciones del Estado 05-JUN -2002 Los ministros Camet y Joy Way habrían facturado, según los cuadros, a través de sus empresas, con cargo a los recursos de la privatización una parte importante de la suma invertida en el período, violentando la Constitución Política del Perú emitida en 1993, al aprovecharse del cargo para promover intereses particulares. Los recursos fueron manejados sin control de la CGR por la reforma de la ley No. 26162 de la CGR emitida en 1992 que reduce su capacidad de control sobre los entes públicos. Se retiró el control y fiscalización de la CGR de las privatizaciones de empresas públicas y mixtas con lo que se abrió el espacio para infinidad de latrocinios. Asimismo, se eliminó la opinión previa que debía de dar la CGR en las operaciones vinculadas al endeudamiento externo así como el control ex ante de las operaciones con fondos públicos. Además, durante la gestión del Contralor Caso Lay se orientó la fiscalización hacia los municipios, que únicamente utilizan el 15% del presupuesto nacional en montos muy limitados mientras que el MEF maneja el grueso del presupuesto nacional y no fue sujeto de vigilancia ni control. Si bien la ley 26162 artículo 5 dice a la letra. El control gubernamental consiste en la verificación periódica del resultado de la gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía que hayan exhibido en el uso de los recursos públicos... esto no se cumplió La intención inicial de las privatizaciones era generar recursos de inversión pública con límites claros y con dos destinos específicos: pacificación y gasto social. La impresión que queda es que se desviaron fondos públicos de su destino manifiesto y explícito. Así, se perdió una gran oportunidad de utilizar recursos extraordinarios para desarrollar la inversión pública y la economía nacional. 9.3 El servicio de la deuda con fondos de la privatización Desde el presupuesto general de la República de 1997, por una disposición transitoria de la Ley de Endeudamiento, se autorizó a que el pago de la deuda externa se hiciera con estos fondos desde 1997 suman 1,079 millones de dólares. El Tesoro Público recibió líquidos 6,900 millones de dólares, de los cuales, en breve, distribuyó en compras relacionadas a Vladimiro Montesinos Torres y el sector defensa incluidos en la acusación Constitucional Nº 028, 992 millones de dólares. Adicionalmente, incluyó 199.3 millones de dólares para bienes de origen chino importados por Víctor Joy Way que están incluidos en la acusación constitucional número 93 ; y se utilizaron estos fondos para el pgo de obras del Ingeniero Camet por un total 164.8 millones de dólares. Igualmente hay obras de construcción aún bajo estudio y un gran gasto del Ministerio de Economía y 62