1.6. Caso: La Privatización de ELECTROLIMA La empresa regional de servicio público de electricidad ELECTROLIMA fue privatizada entre 1994 y 1996. En el caso de ELECTROLIMA los resultados de la privatización en el bienestar de la población son mixtos, se ha producido una ampliación de la frontera eléctrica, el número de clientes y la mejora en la calidad de los servicios. Sin embargo, ello ha venido acompañado de enormes privilegios tributarios, alza de tarifas y reducción de la mano de obra en el sector. La Pre-privatización: El marco legal del sector eléctrico El decreto ley Nº 25844 (la ley) del 19 de Noviembre de 1992, mas conocido como Ley de Concesiones Eléctricas, derogó a la ley 23406 de Mayo de 1982, conocida como Ley General de Electricidad que fue el anterior marco normativo del sector eléctrico. Al hablar de “Concesión” ya estamos ante una connotación diferente, como lo refiere el diccionario de la Real Academia Española: Concesión: Otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio publico, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local Así, esta nueva orientación de la ley hacia el sector privado, ya sea nacional o doméstico, buscó aligerar la actividad empresarial del Estado que había sido muy cuestionada en los últimos años previos a la privatización. En la ley se introducen tres nuevas características al mercado eléctrico: (a) Separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización; (b) Nuevo método de calculo de las tarifas en base a criterios de eficiencia; y (c) Creación del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y fortalecimiento así como una mayor asignación de labores a la Comisión de Tarifas Eléctricas. La Dirección General de Electricidad (DGE) pasó a encargarse de las autorizaciones y concesiones para la operación en el sector eléctrico, aunque mantuvo otras funciones (fiscalización, hacer cumplir las disposiciones legales, etc.) por lo menos hasta diciembre de 1996, cuando por la ley 26364 se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) que empezó a funcionar efectivamente desde 1998. Se puede considerar como un error el hecho que se haya creado, con posterioridad a la privatización, el organismo encargado de las tareas de fiscalización de la DGE, cuando éste debió crearse de haber sido posible dentro de la ley 25844, como sucedió, por ejemplo, en Argentina con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Es también notorio que la legislación no regulara, sino hasta 1997, la posible formación de monopolios y oligopolios en el sector. 39