ella se determinó que el Banco Wiese tenía pérdidas por US$ 480 millones, a consecuencia de lo cual registraba un patrimonio negativo por US$ 180 millones Esta valorización tan negativa y tan distinta de las primeras proyecciones hizo que peligrara la fusión entre ambos banco, ya que el Sudameris no aparecía dispuesto a asumir una pérdida tan considerable. En ese contexto, el Estado decide jugar la carta del salvataje del Banco Wiese, puesto que se trataba del tercer banco peruano, concentrando el 17% de los depósitos del sistema. 56- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 034-99, conteniendo un esquema de salvataje para el Banco Wiese que consistía en un aporte de US$ 54 millones por suscripción de acciones del Banco Wiese, sumado a un aval por 189 millones de dólares para sostener la cartera pesada. En realidad, l cartera pesada del banco fue trasladada a un fideicomiso y el Estado ha firmado un aval, sobre el cual no se cubrió en forma conveniente. Con ello, la participación de la familia Wiese debería haberse licuado, sin embargo se mantuvo parte de su representación, resultando de este modo beneficiaria de la operación. Por su lado, el Sudameris ha declarado que no tenían inconveniente en licuar a los Wiese y fusionar ambas entidades con el Estado al otro lado de la mesa. 57- La pérdida potencial máxima de esta operación es de US$ 243 millones. Así, este caso muestra que por un banco que representaba el 17% de los depósitos, el Estado invirtió en su salvataje US$ 243 millones, mientras que en el caso del Banco Latino la inversión del Estado y del Fondo de Seguro de Depósitos alcanzó US$ 400 millones por una entidad que absorbía apenas el 3% de los depósitos. Ello demuestra que la operación de salvataje del Latino estuvo mal diseñada. 58- El salvataje bancario obligó a la dación de una profusa legislación ad-hoc hacia finales de la década del noventa. Esa nueva legislación provocó que se desvirtué la misma legislación bancaria y resintió severamente la esencia del sistema. Así, las reglas de juego entre los actores del sistema financiero fueron modificadas en beneficio de algunos perdiéndose coherencia en el manejo de un área crítica para el desarrollo económico nacional. 59- La Superintendencia de Banca y Seguros en 1992 perdió la capacidad de supervisar la liquidación de la banca de fomento, operación que le correspondía por ley. En su lugar el Ejecutivo formó una Comisión Administradora de Cartera que una década más tarde sigue liquidando los bancos y donde existen indicios de haberse cometido actos ilícitos. En la liquidación de la Banca de Fomento se observa un proceso de evasión de responsabilidades que van en contra de un saneamiento real de la cartera y una real política de lucha contra la corrupción. Así, la estrategia habría sido el ocultamiento de información, generando un total desorden en las Comisiones Liquidadoras de la Banca de Fomento y la Comisión Administradora de Carteras que benefició a los grandes deudores. Uno de los actores en este proceso fue César Hernández Márquez, quien ya ha sido denunciado en los casos de Popular y Porvenir y las Contribuciones Reembolsables del Fonavi. Asimismo, se habría condonado y/o recalculado los saldos de los grandes deudores. La solución al problema pasaría por llevar la liquidación a los procesos regulares que debieron regirla, es decir bajo la supervisión de la SBS, toda vez que la liquidación de la Banca de Fomento requiere de una supervisión mínima para que sea llevada de manera transparente y no como se manejó a lo largo de la década pasada. 162