vladivideo relata que se ha producido una “simbiosis” entre ambos. Esa simbiosis se fundamentaba en una convicción delictiva común y en una división funcional de tareas para seguir controlando los destinos del país. Fujimori disponía de tres instrumentos principales: la legitimidad proveniente de su elección, un talento particular para las comunicaciones con las mayorías y una dosis de carisma personal. Por su parte, Montesinos organizaba el apoyo al régimen y en forma progresiva fue ampliando su esfera de actividades después de una temprana especialización en el área de inteligencia y FFAA. Es decir, Fujimori era la figura pública y controlaba ciertas áreas del Estado, como las construcciones y las obras públicas que pudieran acrecentar su popularidad. En forma paralela y subterránea, Montesinos controlaba una red destinada a garantizar el control político y el sometimiento de la sociedad. Por sus fines, esta asociación era tanto política como delincuencial, porque su fin era dirigir el aparato del Estado, aunque el propósito de la acción política era el enriquecimiento ilícito. Por su parte, los medios utilizados por estos dos personajes eran ilícitos porque se basaban en el amedrentamiento, la prebenda y la trampa como mecanismos para continuar en el poder. Este tema ha sido investigado por las comisiones del Congreso presididas por Ana Elena Townsend y por Mauricio Mulder. Ambas comisiones muestran tanto la compenetración entre los dos socios de la red delictiva como también la desconfianza y crisis final que se produjo entre ambos personajes. 14- En los días que siguieron al autogolpe de 1992, esa red se amplió para el control de los poderes básicos del Estado: el Legislativo y el Judicial. En el caso del Congreso se produjo una batalla que duró todo el decenio entre una mayoría obsecuente que redujo sustancialmente los poderes del legislativo, pero que fue resistida por un grupo de congresistas que defendió el Estado de Derecho. Las tres funciones del poder legislativo: representar, fiscalizar y legislar, fueron considerablemente disminuidas para darle al Poder Ejecutivo las manos libres para conducir un proyecto autoritario y centralista. 15- Por ello, fueron también anulados los gobiernos y asambleas regionales electas, abriendo un período de agudo centralismo. Es así que e detuvo el proceso de decentralización de las funciones públicas, convirtiendo los gobiernos regionales en Comités Transitorios de Administración Regional, CTARs, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Asimismo se otorgó la administración de las empresas públicas de servicios de base regional a instancias dependientes del Poder Ejecutivo, para terminar expropiando su titularidad en 1998, otorgándosela al FONAFE, órgano dependiente del MEF. 16- Por otro lado, el Poder Judicial fue igualmente sometido al control del núcleo corrupto. Diversas leyes dictadas durante los noventa concretaron el control político del poder judicial a través de comisiones reorganizadoras que impusieron un doble mecanismo para perpetuar el sometimiento de este poder: por un lado, la abundancia de jueces provisionales y por el otro, la creación de salas especializadas. Es decir, el núcleo corrupto al comando del aparato del Estado restó autonomía a los encargados de aplicar justicia y concentró las decisiones interesantes para sí en salas especializadas controladas por jueces provisionales sometidos. Este tema ha sido investigado por la Comisión del Congreso presidida por Fausto Alvarado que ha concluido estableciendo que Montesinos organizó una red de magistrados que favoreció los intereses del régimen. Por su especialización como abogado, 144