representados principalmente en el Congreso que fue elegido con el Presidente en las elecciones generales de mayo de 1990. Altos mandos militares golpistas criticaban al Poder Constitucional culpándolo con el argumento de la ausencia de concepción estratégica y de marco legal que les diera libertad de acción para enfrentar la guerra interna. En general, entre los sectores empresariales y una buena parte de la opinión pública había un grave desprestigio de las instituciones democráticas. En esas condiciones asumió el gobierno, Alberto Fujimori, quien además carecía de mayoría en el Congreso, no poseía una estructura partidaria y tampoco disponía de propuesta de gobierno consistente. Fue en este contexto político, económico y social que, a partir de 1992, se inició un conjunto de procesos simultáneos por los que un núcleo mafioso, tomó control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado. Los procesos referidos se resumen en las siguientes líneas: Respecto al Poder Ejecutivo, la concentración del poder se efectuó en dos niveles: Control del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial y Ministerio Público. Al interior del Poder Ejecutivo, concentrando las decisiones cruciales en la Presidencia de la República y sus órganos (entre ellos el SIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia (MIPRE). Reestructuración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los Sistema de Inteligencia y de Seguridad Nacional, asegurando el control directo de las mismas por parte del Presidente de la República y la cúpula militar en el poder. Como efecto de ello se llevan a cabo tanto una progresiva militarización de diversos aspectos de la vida nacional, como la concesión de prerrogativas casi ilimitadas para la disposición de fondos públicos en el Sector Defensa. Se incrementa sustancialmente la capacidad normativa del Presidente de la República, por medio de legislación delegada y normas de excepción, habilitándolo para sustraer los procedimientos de los niveles de control establecidos. Se habría producido la captura y sometimiento de las principales instituciones colocando en todas ellas funcionarios operativos del régimen. Así habrían caído bajo su control: El Congreso de la República, primordialmente a través de la mutilación de su facultad fiscalizadora y la minimización de su función legislativa. El Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de la Comisión reorganizadora y de dos mecanismos simultáneos: por un lado la abundancia de jueces provisionales sin independencia y, por el otro, la creación de salas especializadas para controlar asuntos de interés al núcleo corrupto. La Contraloría General de la República y otros organismos de supervisión y control como la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), con el doble objeto, primero, de beneficiar y proteger al núcleo de corrupción (por ejemplo a través del RUC Sensible) y, segundo, hostigar y perseguir a los opositores al régimen. 7