las seis aeronaves) y las Notas de Abono nunca ingresaron al Ejército, sin haberse determinado quién se quedó con los recursos librados por las Notas de Abono a favor del Ejército. Estos mismos endosos se usaron para sustraer de la cobertura algunas aeronaves a pesar de encontrarnos en situación de conflicto bélico con el Ecuador. La emisión de endosos se hizo con el propósito de obtener notas de abono con las cuales se cubría el efectivo que se extraía del pago que el Ejercito hacía a la compañía de seguros. Asimismo, la gestión de esta póliza permitió el favorecimiento para la adquisición de aeronaves a través de la empresa Debrett Enterprise representada por Enrique Benavides Morales, a precios sobre valuados en casi el 100%, (en el caso estudiado de la reposición de un helicóptero). Parte del equipo pagado a la empresa nunca fue repuesto al Ejército. A la salida de Miyagusuku de la empresa, se dio un cambio en la conformación del directorio de Popular y Porvenir, incorporando como Presidente del Directorio a Alfredo Jaililie Awapara y a tres personas más de su entorno, que provenían del MEF y el Banco de la Nación. Sin embargo, permanecieron en el directorio otras personas del directorio de Augusto Miyagusuku, como César Hernández Márquez, Miguel Angel Simabukuru y Walter Villa Zapata, por decisión de Alberto Fujimori. El alejamiento de Augusto Miyagusuku de la presidencia de Popular y Porvenir no implicó que se dejaran de cometer irregularidades, sin embargo sí habrían disminuido algunas de las modalidades más burdas de desvío de fondos como la contratación de proveedores estrechamente vinculados a funcionarios y/o directivos de Popular y Porvenir. No obstante, el nuevo Directorio de la empresa no solicitó investigaciones sobre los casos de corrupción de la anterior gestión. A partir del año 1997, el CEPRI de Popular y Porvenir retomó el proceso de privatización de la empresa. La conclusión a la cual llegaron los Comités Especiales de Promoción de la Inversión en Popular y Porvenir y las empresas consultoras, fue que la empresa debía ser escindida separando un bloque patrimonial constituido por una importante cantidad de activos inmobiliarios que, según el CEPRI, elevaban el valor de la empresa y dificultaban su privatización en la medida que los postores sólo tenían interés en adquirir la cartera de la empresa y no en adquirir activos inmobiliarios. Si bien esta recomendación puede ser técnicamente sustentable, se han identificado irregularidades en el proceso mismo de escisión y creación de la nueva empresa. Asimismo, bajo el gobierno de transición se emitieron normas que perjudicaron el desenvolvimiento de Popular y Porvenir y por lo tanto dificultaron la posibilidad de transferirla al sector privado. Los dispositivos emitidos y su negativo impacto sobre la empresa permitieron que luego se determine su disolución y liquidación, proceso que también presenta irregularidades y serán presentadas más adelante. Escisión de Popular y Porvenir y Creación de Inmobiliaria Milenia En 1999 se decidió un irregular proceso de escisión de Popular y Porvenir y la formación de Inmobiliaria Milenia violentando la Constitución y la Ley de Actividad Empresarial del Estado así como la Ley del Mercado de Valores. Los accionistas minoritarios no fueron debidamente informados de la escisión. Familiares y personas vinculadas a los 30