CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES La Comisión Investigadora, en base al análisis de cada uno de los casos investigados ha encontrado serias deficiencias normativas, institucionales y sistémicas que facilitaron la comisión de los hechos ilícitos, infracciones e irregularidades en la vida económica y financiera del país. Por lo cual propone al Parlamento Nacional aprobar las siguientes recomendaciones 1- Revisión en forma integral por parte del Congreso Nacional a través de sus Comisiones Ordinarias, de la Legislación y Normas reglamentarias vigentes referidas a la privatización de empresas públicas en sus diversas modalidades según el Dec. Leg. 674. Establecer la obligatoriedad de incorporar en los Contratos respectivos, cláusulas que garanticen el cumplimiento de los objetivos iniciales establecidos para la promoción de la inversión privada; que establezcan compromisos claros de inversión en función de Planes Maestros de desarrollo en los principales sectores productivos y de servicios públicos, así como incorporar cláusulas resolutorias y penalidades que conminen a los inversionistas a cumplir sus compromisos. 2- Establecer mecanismos que determinen claramente los límites y responsabilidades de los funcionarios de COPRI, CEPRIs, FONAFE y COFIDE que asumen la representación del Estado en los procesos de privatización, así como respecto de sus facultades para las negociaciones de modificación posterior de contratos de privatización, disponiendo procedimientos para el rendimiento de cuentas respecto a sus decisiones, de forma oportuna y transparente. Estos mecanismos también deben prever sanciones como la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años para aquellos funcionarios que actúen de forma negligente en el cumplimiento del encargo confiado y causen daños al Estado; sin perjuicio de las sanciones penales que deban aplicarse en el caso de comisión de delitos. 3- Propiciar a través de las comisiones ordinarias correspondientes un amplio debate respecto al balance global del modelo de privatización aplicado en el caso de empresas públicas vinculadas a la producción de bienes y servicios públicos esenciales; cuya naturaleza pueda considerarse como monopolios naturales; con participación de los representantes de la sociedad civil, los gobiernos regionales y los especialistas en los diferentes sectores; para reorientar el modelo de promoción de la inversión privada a fin de que se ajuste a los objetivos del desarrollo descentralizado y equitativo del país. 4- Solicitar al Parlamento Nacional que promueva el diálogo con los gobiernos locales y regionales y la instauración de un sistema de información en relación a los procesos de promoción de la inversión privada de las empresas de servicios públicos, que se encuentren dentro de la circunscripción territorial de los Gobiernos Regionales. 5- A través del trabajo conjunto entre la Comisión de Economía del Congreso y las comisionesordinarias correspondientes en cada caso, disponer la revisión inmediata 169