39- El CEPRI azucarero no asesoró debidamente a los trabajadores en el proceso de transferencia de sus acciones, ni los previno de las nefastas consecuencias de capitalizar sus beneficios sociales a un valor facial demasiado alto. En ocasiones el propio CEPRI azucarero interfirió en las atribuciones de las Comisiones de Venta de Acciones a efecto de favorecer la adquisición de determinados inversionistas. 40- El Estado, para seguir saneando las empresas azucareras, ha realizado progresivas capitalizaciones de acreencias, llegando a aumentar significativamente su participación en el accionariado de las mismas. Estas sucesivas capitalizaciones han traído como consecuencia que los trabajadores accionistas de las empresas azucareras, vean licuada su participación accionaria. Por lo tanto, sucesivas capitalizaciones de acreencias por parte del Estado continuarían lesionando los derechos de los accionistas mayoritarios. 41- La indiscriminada dación de decretos de urgencia posteriores a la dación del Decreto Legislativo 802, generó un caótico y en ocasiones contradictorio complejo normativo, cuyas deficiencias generaron el aprovechamiento de los inversionistas adquirientes en perjuicio de los trabajadores, como se ha corroborado en los casos de San Jacinto y Pucalá. En tal sentido, urge perfeccionar y sistematizar la legislación expedida en un único compendio normativo, que presente en forma diáfana como debe operar el proceso de venta. 42- En el caso del Fondo Económico Especial (conformado con parte de lo obtenido por la venta de las acciones del Estado) que debía servir para resolver las contingencias laborales derivadas de las operaciones de transferencias de acciones, primero, y el pago de otros acreedores, después. Este fondo fue administrado de forma absolutamente irregular por los funcionarios encargados, en especial Jorge Arana Coha, de quien se han encontrado indicios de negociación incompatible por asesorar a la vez a empresas azucareras y enriquecimiento ilícito, como lo demuestran sus cuentas bancarias. 43- Otro de los grandes objetivos de la reforma económica efectuada durante la década era aumentar la oferta de empleo. Se entendía que habiendo disminuido la participación del Estado en la economía, se abrirían las puertas para la creación de multitud de empresas. Ellas aprovecharían las nuevas oportunidades económicas, aumentando en forma considerable la oferta de empleo. Nada de esto se ha cumplido, la promesa del empleo digno aún sigue esperando su realización. Así, de acuerdo al mismo FMI tenemos que las cifras de empleo han sido estables durante la década. Según este organismo multinacional, el desempleo fue invariable, mientras que el subempleo se mantuvo bien alto e incluso subió ligeramente. Ese crecimiento del subempleo estuvo correlacionado con el leve descenso del empleo industrial que se ubicó por detrás de sus siempre modestos resultados históricos. En suma, para el mismo FMI, la década de los noventa significó un estancamiento a niveles muy bajos. Peor aún, además, los trabajadores sufrieron una caída pronunciada del poder adquisitivo de los salarios. Conclusiones en el área de Salvataje Bancario 158