para financiar las campañas reeleccionistas, alejándose de los principios de un supuesto modelo de economía ortodoxa. 10- En efecto, durante el período 1995-2000 se gastaron más de 4,000 millones de dólares de los recursos de la privatización, casi cinco veces más que en el período 1992-1994. Así, los crecientes déficit fiscales, ocasionados por la caída de la recaudación como consecuencia de los beneficios tributarios a los principales contribuyentes allegados al régimen y el excesivo gasto de la reelección, fueron cubiertos con los recursos de la privatización durante casi todo el segundo quinquenio de Fujimori. En 1998, con la primera ola de la crisis internacional a cuestas, la situación económica del fisco comenzó a tornarse complicada por primera vez en la década. La política fiscal expansiva de los últimos años de Fujimori tiene muy poco de otodoxo. Así, el modelo ortodoxo fue utilizado como política de gobierno a inicios del gobierno de Fujimori, pero pronto fue empleado como pretexto para beneficiar a grupos de poder vinculados al gobierno. Este proceso acabó en los niveles de corrupción que todos conocemos. 11- Los niveles de corrupción comienzan a hacerse evidentes con los malos manejos de la empresa de seguros del Estado, Popular y Porvenir. La administración de esta empresa estuvo bajo un grupo de funcionarios liderados por Augusto Miyagusuku Miagui quien estaba estrechamente vinculado a Alberto Fujimori. Este grupo era distinto y se articulaba directamente con el presidente para favorecer al entorno más íntimo. Los ilícitos fueron cometidos en gran escala a través de empresas testaferras del núcleo liderado por Miyagusuku. En este núcleo participaban también miembros de las ONGs AKEN y APENKAI, entre los que se encontraban los hermanos del presidente. Otra modalidad de ilícitos consistió en la contratación fraudulenta de pólizas con distintas entidades estatales y principalmente con las FF.AA.. A través de este procedimiento también se beneficiaron importantes personalidades vinculadas al círculo más estrecho de Vladimiro Montesinos. 12- En el caso de la venta de la línea aérea de bandera, AEROPERÚ, se efectuó careciendo de los balances auditados, con anulaciones de subastas, importantes gastos del Estado para sanear la empresa y la posterior quiebra a manos de la administración foránea. Lo importante de ese caso es que ejemplifica la ineficacia de las instituciones del Estado para controlar el proceso de post-privatización. AEROPERÚ constituye un modelo plagado de irregularidades anunciando que los procesos subsiguientes arrojarían similares niveles de corrupción. 13- El proceso de Privatización de Aeroperú (1992-1993) se vio enrarecido por una suma de hechos que favorecieron los intereses privados. Así, la Comisión ha verificado el otorgamiento de beneficios irregulares al consorcio ganador de la buena pro, conformado por Aerovías de México, Serminco S.A y Dora Zapata de Papini. Dicho consorcio contó con la participación como “gestor de la venta” del señor Roberto Abusada Salah, el mismo que ostentaba una posición de privilegio, en su condición de asesor del ex ministro de Economía Jorge Camet Dickmann. Además, se han encontrado evidencias del incumplimiento de las bases y la modificación de los contratos que éstas contenían. En este contexto, es importante señalar que el contrato de la privatización fue modificado con el aval de los funcionaros del Estado, el que tuvo que asumir las contingencias que le correspondían a AeroPerú privatizada, con la consecuente pérdida de U$$ 3’109,415, en agravio del erario nacional. 149