CAPÍTULO IV: LA CORRUPCIÓN DE LOS NOVENTA EN LAS INSTITUCIONES DE CONTROL, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN La CIDEF ha examinado diversas instituciones del aparato del Estado que tenían la responsabilidad de advertir los signos de la gran corrupción económico y financiera que estaba en curso durante los años noventa. Estos organismos debieron emitir señales que refrenen a los gobernantes y alerten a la ciudadanía. Si hubieran cumplido su labor, la corrupción no hubiera podido extenderse como un cáncer manejado por el núcleo dirigente del Estado. El principal organismo de este tipo es la Contraloría General de la República, CGR, fundada en 1930 y con un largo historial como institución poco considerada por los mandatarios. Así, siempre fue una institución pobremente equipada y con retrasos tecnológicos; además, los sueldos de su personal no eran competitivos con la actividad privada y las responsabilidades eran atendidas a desgano por quienes ejercían el poder. En la última fase de nuestra historia republicana, la mejor época de la CGR fue bajo Miguel Ángel Cussianovich, quien imprimió un rumbo honesto en medio de las dificultades de todo tipo que tuvo que encarar. En 1992 fue reorganizada drásticamente por la Contralora María Herminia Drago, quien despidió a una buena parte del personal (740 de 860 trabajadores), incluyendo a los auditores más experimentados. Luego, la CGR quedó muy debilitada y fue electo Contralor Víctor Caso Lay, que ejerció el cargo durante siete años, 1993-2000. La CGR es el organismo rector del Sistema Nacional de Control, que abarca además a las auditorías internas de cada repartición pública y a las empresas privadas auditoras registradas. Cada uno cumple una parte de las responsabilidades. En teoría, el engranaje funciona sin dificultad, pero en la práctica se registran muchas deficiencias. En principio, las auditorías internas están dentro de cada institución y deberían enviar alertas tempranas verificando que la administración funcione con normalidad. Mientras que, las auditorias privadas siguen procedimientos estandarizados para aligerar el trabajo de verificación documental que emprende la CGR. Si embargo, no hay una red informática que conecte a las partes; los organismos de auditoría interna son removidos a voluntad de sus jefes y carecen de toda independencia; algunas empresas de auditoria privadas registradas son sospechosas de movilizar influencias para pasar los controles en cualquier circunstancia; y por si fuera poco las recomendaciones de CGR caen en saco roto. Cuando ingresó el gobierno de transición encontró una inmensa cantidad de procesos abiertos incompletos y además, una extraordinaria cantidad de resoluciones adoptadas por CGR e ignoradas por las reparticiones teóricamente obligadas a acatarlas. Víctor Caso Lay puso en marcha un sistema que brillaba por su ineficiencia. Durante los siete años de su gestión, sólo se aprobaron planes en dos de ellos, los otros cinco se funcionó sin estrategia definida. Esa ineficiencia sirvió para omitir verificaciones indispensables de importantes casos de corrupción. Por ejemplo, tal y como están denunciando las comisiones investigadoras del Congreso, todo el proceso de compra de armamento necesitaba de autorización de la CGR, y ésta otorgó las autorizaciones sin realizar las verificaciones indispensables. 133