Es importante recalcar que el proceso de reestructuración económica de la empresa nunca se dio antes del proceso de privatización. En el único sector en el que la Cepri decidió implementar medidas fue en el área laboral de la empresa, no obstante que no existía ningún tipo de conmdicionamiento para dejar a Aeroperú con menor carga laboral a los nuevos operadores que adquieran la empresa. En el proceso de privatización los trabajadores adquirieron el 7.22% de las acciones de Aeroperú por un equivalente de US$2.3 millones. Luego de esta adquisición hubo un proceso de ajuste de precio en función del balance auditado al 28.FEB.93 que recién fue presentado en Enero de1996. A raíz de las diferencias obtenidas entre el Balance Proyectado al 31.ENE.93 con el que se vendió la empresa, y el Balance Final Auditado se obtuvo una mayor cantidad de pasivos que ocasionó la irregular devolución de US$ 1’545,562 a favor del Consorcio Mexicano que representaba el 72.15% de las acciones adquiridas a Aeroperú. Sin embargo, de los documentos revisados y el análisis realizado no se ha podido verificar si esta devolución también se efectuó a los trabajadores en el monto que les correspondía. Esto hubiera sido equivalente a US$ 154,963 aproximadamente, si tenemos en cuenta el 7.22% de las acciones que adquirieron. El impacto socio económico generado en los trabajadores de Aeroperú, es dual, en la medida que estos no sólo pierden su puesto de trabajo, sino también el aporte efectuado en un promedio de 20 años de CTS, así como los salarios que se les adeudan luego de la insolvencia de la empresa. 62