Informe Final de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional No. 6 señalan que “desde un punto de vista práctico, los gobernantes son personas que por razón del cargo, disfrutan de una especial capacidad de información e influencia. Pueden poner a su propia disposición los principales resortes del aparato del Estado. De aquí, no sólo que puedan hacer uso de propio partido con fines sectarios (espionaje a favor del propio partido, desviación de fondos públicos para objetivos espúreos, etc.), sino sobre todo que están en una condición, particularmente propicia e inalcanzable para todas las demás personas de encubrir o tratar con indulgencia los hechos delictivos cometidos por ellos mismos o por sus colaboradores. En otras palabras, la característica definitoria de la criminalidad gubernativa radica en que, bien para cometer el delito, bien para evitar que sea investigado y perseguido, sus autores pueden disponer de medios jurídicos, económicos, humanos y tecnológicos que son privativos del Estado 73. Ante este fenómeno, la ausencia de los elementos de prueba escritos o documentales, se erigen como una regla en el accionar de los gobernantes transgresores de las normas penales. No obstante ello, la Subcomisión, logró reunir este tipo de pruebas, pero, sustenta principalmente su Informe, en pruebas testimoniales. La razón, emerge de las propias características que rodean a este tipo de delitos, que impide que personas ajenas a éstos círculos, tomen directo conocimiento de actos que significarían –como que realmente lo fue- un grave cuestionamiento al gobernante de turno y su eventual salida, casos que la historia ya registró. Es así que, las únicas personas que materialmente pueden dar fe sobre la realización o no de determinados actos infractores de la norma penal, son los propios miembros del engranaje organizativo delictual. LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO “La Criminalidad de los Gobernantes”, Edtorial Grijalbo Mondadori- Crítica, BarcelonaEspaña, 1996, pag. 13. 73 124