El interés político queda monetizado. El financiamiento pasa la cuenta de cobro"I 97. Según la experiencia de Colombia, uno de los países más golpeados con esta oscura realidad198; la organización criminal de las drogas, ha utilizado por lo menos tres métodos respecto a la relación ilícita entre el crimen organizado y la política: a) Incorporarse directamente a la vida política, b) desafiar al Estado y c) la estrategia de infiltración y captación tanto de instituciones como de persona si en el sector público como en el privado. Lo descrito anteriormente no se aleja de la realidad peruana, siendo el primer caso (incorporarse directamente a la vida política), el que en estas últimas décadas ha sido advertido por la sociedad civil, medios de comunicación y diversos entidades competentes en el tema. Considerando este escenario es de urgente necesidad legislar implementando medidas tendientes a prevenir e impedir la filtración de personas ligadas a estos grupos criminales constituyéndose como autoridades dentro de las entidades que conforman la Administración pública, ya que los riesgos son altos y las consecuencias muy graves para la gobernabilidad y democracia del país.El gobierno central siempre fue objeto de mira para el crimen organizado, a razón del alto grado de centralismo que impera en nuestro país, sin embargo con la implementación del proceso de descentralización y la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales, el interés de estos grupos criminales también reposa en estos últimos, siendo instancias de gobierno con igual o mayor nivel de debilidad y corruptibilidad. En ese escenario la presente propuesta legislativa, tiene como principal objeto servir como fundamento normativo para que el Ministerio Publico disponga la creación de Fiscalías Especializadas Ad Hoc, instaladas oportunamente para investigar exclusivamente denuncias vinculadas a delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, recaídas en candidatos de organizaciones políticas. La aprobación de este dispositivo legal busca convertirse en una herramienta útil que se efectivice a través del organismo autónomo competente es decir del Ministerio Publico, consagrado por la Constitución Política de 1993 como el titular de la Fernando Cepeda Ulloa: "Narcotráfico, Financiación Política y Corrupción"; Ecoe Edicciones, segunda edición, Bogotá D.C. 2001, P.P. 21, 22 198 "En el año 2005, Vicente Castaño Gil, uno de los principales jefes de los grupos paramilitares en Colombia, afirmo en una de las revistas de más alta circulación del país que más del 35 por ciento del Congreso de la Republica estaban en ese momento conectado a sus estructuras criminales. Estas controversiales afirmaciones generaron un impacto tan poderoso en la sociedad, los medios de comunicación y los círculos políticos de ese país que de facto paralizaron la capacidad de actuar de toda su rama legislativa. No solo eso, este escándalo —conocido luego como "parapolítica"- obligo a las autoridades judiciales a adelantar uno de los más fervientes procesos de investigación en los altos círculos de la política que se hayan visto en ese país y en la región tan solo comparable con las investigaciones de corrupción relacionados con Vladimiro Montesinos en el Perú". Financiamiento de la Política en el Perú - Redes Ilícitas y Política en América Latina, IDEA Internacional, Lima, p. 130. 197 969