procesos más importantes del país como las privatizaciones y más bien se le “distraía” colocándole más cinco comisiones diarias; a Bazo Solano se le daba luz verde para auditar todo lo relacionado con la Municipalidades. Rímac Molina agregó que al salir de la CGR dejó el cargo al ya mencionado Edwin Antón, amigo y socio del contralor que fue además contador de la Banda de Narcotraficantes, Los Camellos. También aparecen junto a los Gerentes, los llamados “asesores” colocados por el contralor, quienes en la opinión de Rímac: “despachaban con la máxima autoridad y eran los ojos y oídos del contralor”. En general se observa en algunas instituciones que el patrón de la red mafiosa consiste en incorporar siempre al jefe de la asesoría jurídica de la institución, quien seria el encargado de emitir opinión legal sobre la documentación y posibles irregularidades en las que incurría la CGR. En este caso, la asesoría legal recayó en Juan Carlos Morón Urbina, quien ingresó a la CGR en diciembre de 1988 por concurso público. Morón declaró a la CIDEF que cuando Caso Lay asume la Contraloría trajo un grupo se asesores legales, que habrían estado más cercanos al despacho del Contralor, confiándosele a ellos la cartera legal confidencial. En este caso carecemos de seguridad sobre el rol del Doctor Morón, puesto que sus declaraciones ante la CIDEF fueron transparentes, sin embargo la importancia de su cargo hace difícil suponer que puedan haber pasado a su lado tantos problemas legales sin que los haya advertido. Si en el caso de la SUNAT había una cierta periodificación que establecía un período de gerencia profesional y tecnocrática antes de caer en manos del núcleo corrupto, en el caso de la CGR la periodificación es mucho más brusca. Como vimos al irse Luz Aurea Sáenz poco después de la reapertura de la Contraloría cerrada un mes después del autogolpe del 5 de abril de 1992, fue nombrada María Herminia Drago. Ella estuvo alrededor de un año y durante ese lapso se contrajo en forma muy pronunciada la capacidad operativa de la CGR. A continuación vino la etapa de Víctor Caso Lay, quien continuó hasta pocos meses antes de la caída de Fujimori y cuya gestión es el foco de este texto. Al irse Caso Lay fue nombrada Carmen Higaona como contralora. Ella había sido una larga y muy cuestionada jefa de aduanas, habiendo sido nombrada en la CGR durante los últimos meses de Fujimori y logrando continuar durante algunos meses del gobierno de transición hasta que dejó el cargo a Jorge Guzmán. Éste reaparecía en la Contraloría después de haber sido un cuadro profesional formado en esta institución a la que había dejado al renunciar en Agosto de 1986. Fujimori necesitaba una renovación tecnocrática de algunas instituciones precisas, como la SUNAT, puesto que se trata del ente recaudador que provee de recursos monetarios al Estado; sin embargo, el control como función pública no le interesaba puesto que constituye un estorbo para quien está interesado en delinquir. Así, la CGR fue debilitada como consecuencia del autogolpe del 5 de abril, mantenida marginal de las innovaciones tecnoburocráticas y ocupada de hostigar a las autoridades de oposición. 19