POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 45 B. Justicia penal anticorrupción Como establece el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú “un sistema de justicia penal eficaz es vital para combatir adecuadamente la corrupción y los crímenes contra la administración pública”. Por tanto, uno de los elementos claves a analizar es la efectividad de la aplicación de la ley, considerando el rol de cada uno de los organismos públicos involucrados en la detección, persecución, investigación, control y sanción de los delitos. Según información reportada por la Defensoría del Pueblo, a través del Reporte de la Corrupción en el Perú “Radiografía de la Corrupción en el Perú”, en base a información provista por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en su plataforma “Mapa de la Corrupción”, se identificó al 31 de diciembre de 2016, unos 32 925 casos en trámite por delitos de corrupción a nivel nacional, cifras desagregada por regiones. El estudio encontró que los Gobiernos Sub nacionales son las entidades más afectadas por la corrupción, esto se refleja en la cantidad de casos de corrupción en trámite registrados. La información evidencia que las Municipalidades Distritales presentan el 27,3% de los casos (8994 casos), seguido por las Municipalidades Provinciales con el 15,1% (4985 casos), Gobiernos Regionales con el 10,2% (3349 casos). Estas tres entidades representan el 52,6% del total de casos a nivel nacional, cifra que asciende a 17328 casos de corrupción, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Asimismo, el Ministerio Público a través de las fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios/as y las fiscalías provinciales penales, establecieron que en el 2016 se dictaron un total de 1284 sentencias en primera instancia por delitos de corrupción. Los hallazgos más importantes de esta información evidencian que el Distrito Judicial de Lima Norte concentró el mayor número de sentencias con un 23.4% de las mismas (301 sentencias), casi la cuarta parte del total. Le siguen los distritos judiciales de Lima con 12.5% (161 sentencias), Lima Sur y Junín, ambas con 6.2% (80 sentencias). De la información analizada en esta sección, se puede apreciar tanto a nivel administrativo como penal, una cantidad significativa de servidores civiles que se encuentran procesados por faltas administrativas y/o delitos de corrupción. A nivel Administrativo, se ha evidenciado que la distribución de los procesos administrativos disciplinarios difiere por régimen de contratación, lo que además incide en la duración de los mismos y en su resolución, aplicándose diferentes sanciones y plazos de prescripción. Finalmente, en el ámbito penal, la mayor parte de los casos de corrupción se distribuyen en servidores civiles a nivel regional y local representando el 52,6% del total de casos a nivel nacional, lo que evidencia la necesidad de implementar urgentes medidas de prevención de la corrupción en instancia subnacionales. DIAGNÓSTICO El sistema de justicia penal busca garantizar la integridad pública cuando los procesos preventivos no fueron suficientes para evitar la comisión de actos de corrupción. Tiene como finalidad la sanción efectiva de los casos de corrupción y la reparación de los perjuicios ocasionados a la administración pública.