que motivaron a que en numerosos casos se diera paso a inversión directa extranjera para industrias extractivas y de hidrocarburos. Otro factor generador de conflictos socio-ambientales fue el aumento de la inversión en hidroeléctricas e infraestructura vial sin la existencia ni cumplimiento de marcos legales adecuados, como resultado de su inclusión en planes como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), entre otras grandes obras2. Los estudios de caso que se presentan a continuación se enmarcan dentro de esta lógica y son el resultado de diferentes iniciativas de la sociedad civil frente a proyectos financiados por el BNDES, o que se deduce podrían serlo, en países diferentes y bajo diversos esquemas de actuación de empresas y gobiernos. Este análisis y las conclusiones y recomendaciones también ofrecen alternativas para que esta lógica se transforme y el desarrollo se convierta en un ejercicio democrático, participativo y decisorio sobre el destino de la naturaleza y de las poblaciones. La primera sección de los casos documentados enlista diez proyectos donde la participación financiera del BNDES ha sido comprobada por fuentes oficiales. En primer lugar el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO, Argentina), describe el caso de la represa de Garabí, que de ser construida en un plazo de cinco años como se pactó, inundará poblaciones enteras en Argentina y Brasil. BNDES se encargará de financiar el 70% del proyecto, y las obras estarán a cargo de la empresa estatal argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y la también estatal brasileña Centrais Eléctricas Brasileiras (ELECTROBRAS). A pesar de estar sólo en estudios de pre–factibilidad, el proyecto presenta un riesgo para los habitantes de los lugares afectados y para el medio ambiente de una región cuyos ríos suministran alimento incluso para la exportación. Tampoco se están considerando los efectos no deseados y sinérgicos que generó y sigue ocasionando la construcción de la cercana represa de Yacyretá. En segundo lugar, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, regional), documentaron los impactos que podría tener la explotación de la mina de potasio Río Colorado, en Argentina, por parte de la empresa brasileña Vale S.A. El emprendimiento, hoy día suspendido, ha causado enorme resistencia social en razón de irregularidades y enormes pasivos ambientales que se prevén con su implementación. Si bien no hay información públicamente disponible sobre la participación del BNDES en este emprendimiento, sí es público que el Banco le ha proporcionado a Vale cuantiosas líneas de crédito que habrían sido invertidas en sus proyectos. El proyecto en Río Colorado estaría integrado por una línea ferroviaria, el yacimiento de potasio y una planta de procesamiento y exportación localizada en el Puerto Ingeniero White, Bahía Blanca, Buenos Aires. Se trata, por tanto, de un fuerte proceso de integración comercial (extracción, procesamiento y transportación) de la minera brasileña. En el tercer caso, el Instituto Socioambiental (ISA, Brasil) junto con International Rivers (IR, EEUU), señalan los principales rasgos del controversial proyecto hidroeléctrico Belo Monte, construyéndose en el río Xingú, estado Pará, en la amazonia brasileña, que una vez completada sería la tercera represa más grande del mundo. El proyecto, que ha sido apoyado por 2 12 Flórez Margarita et al, Impacto de las Industrias Extractivas en los Derechos Colectivos sobre Territorios y Bosques de los Pueblos y las Comunidades, Rights and Resources, RRI y Asociación Ambiente y sociedad, 2013.