INTRODUCCIÓN1 El sueño desarrollista de América Latina propuesto desde la mitad del Siglo XX pareciera estarse cristalizando en estos últimos años debido a la confluencia de muchos factores, algunos de los cuales incluyen en primer término, un escenario político construido a partir de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que asumió la implementación de los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) propuestos desde la Iniciativa de Integración de la Infraestructura (IIRSA) en el 2000. Como se señala en la descripción de dichos ejes, éstos comprenden “espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales”. En segundo lugar, destacamos un Plan de Crecimiento Acelerado (PAC) del Brasil, que encuentra en la región latinoamericana su espacio natural de expansión. Finalmente una voluntad política casi unánime de gobiernos de muy diversa orientación política que aspiran a que las empresas nacionales, estatales y privadas, con financiamiento de la banca nacional, también puedan participar de esa expansión económica. Un caso específico del segundo y tercer factor es el del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), soporte para el crecimiento de las empresas brasileñas, que desplaza sus inversiones para promover los intereses de las constructoras, mineras, petroleras, y en general, de los actores económicos estatales y privados de Brasil, que salen a América Latina y África. En medio de este escenario favorable para la inversión, la participación pública, derecho consagrado a nivel constitucional y legal en muchos países de la región e incluso en estándares regionales, que necesariamente parte de un suministro de información veraz, oportuna y efectiva, se implementa a ritmo muy deficiente, y en algunos casos con retrocesos comprobados. Unido a éste, el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas, afro-descendientes y tribales también reconocido en los marcos legales dista mucho de ser garantizado en la realidad. Se impone entonces un caldo de cultivo para reclamaciones de parte de movimientos sociales y comunidades afectados que defienden sus derechos y el medio ambiente, conduciendo a conflictos socioambientales. Esto se agrava más dado el surgimiento de proyectos decididos desde las cabezas de los gobiernos y de las empresas, sin adecuados espacios de participación de las personas y comunidades afectadas. Los conflictos sociales y ambientales se desarrollan en el ámbito de lo público, por cuanto incluyen bienes comunes como tierra, aire y aguas, y tienen como agentes a actores públicos (autoridades); privados (empresas); y organizaciones sociales locales y ONG. Dichos conflictos se suscitan cuando por acciones y decisiones adoptadas en planos internacionales, nacionales, regionales y locales no se respeta el marco legal aplicable ni se han respetado los derechos básicos, como por ejemplo, haber realizado una evaluación social y ambiental de los efectos de una determinada obra o proyecto de desarrollo, o bien, cuando no se ha tomado en cuenta la opinión y voluntad de los pueblos afectados. Lo anterior incluye en su mayoría la falta o inadecuada evaluación de riesgo e inaplicación de los principios básicos para evitar consecuencias negativas al ambiente o a las comunidades, como los principios de precaución o prevención. Dentro de las aproximaciones realizadas por ONG y académicos sobre conflictos socio-ambientales, podemos enunciar algunos factores que han incrementado el número y la clase de conflictividad social que se presenta en América Latina, tales como los altos precios de metales, especialmente de oro y petróleo, y la demanda creciente en la última década, 1 Se agradece el aporte de Margarita Florez de la Asociación Ambiente y Sociedad en la elaboración de esta introducción. CASOS PARADIGMÁTICOS DE INVERSIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL (BNDES) EN SUR AMÉRICA 11