el año— que este año se verían temas importantes, este año se verían auditorías grandes, se verían
entidades públicas; pero generalmente entiendo que no se hacían.
Porque eso también era un tema bastante reservado, o sea el inicio de una auditoría o la focalización de
una auditoría era manejado directamente por el área de auditoría y por el despacho del contralor, que eran
los que sabían cuándo se iniciaba o cuándo se concluía. Muchas veces nos enterábamos nosotros los
funcionarios por El Peruano o nos enterábamos por los periódicos: que Contraloría inició tal acción de
control. Nos enterábamos que, bueno, ya estábamos ahí, porque no era un tema que fluyera por toda la
organización a medida de cuándo se verían los planes de control.
El señor
.— Y un último tema sobre el cual quería conversar con usted es el tema de
armas. Al igual que en el caso de privatizaciones hayamos un segundo gran tema de los años 90, que
luego hemos venido a saber también que fue objeto de una corrupción en una escala monumental, mucho
más incluso que el tema privatización estricto sensu y donde la Contraloría parece pues haber incumplido
todas y cada una de las normas a las cuales estaba obligado: no verificó las compras de armas, no obstante
que por hacerse sin licitaciones, dada su naturaleza, estaba obligada por ley la Contraloría a dar una
verificación, dio la verificación a la ligera sin comprobar in situ las cosas. En fin, una cadena de
irregularidades inmensa que una vez más también apunta a decisiones políticas.
Entonces, yo quería preguntarle, ¿sabe usted cómo se tomaron estas decisiones para, digamos, por
omisión dejar de hacer cosas trascendentales?
El señor MORÓN.— Ese es un tema que personalmente conozco, porque la actividad de compra de
armas, como toda licitación o todo contrato del Estado, está sujeto de ordinario al trabajo de control
posterior, de auditoría de la Contraloría; sin embargo, en tres años consecutivos se le dio función a la
Contraloría para que, adicionalmente al control posterior, hiciera un control previo; es decir, emitir un
informe previo a la necesidad de adquirir.
El señor
.— Porque no había licitación.
El señor MORÓN.— No era por eso en realidad. El tema fue que el año 94, a fines del 93, inicios del 94,
surgió un escándalo que fue público en su momento, que era, si mal no recuerdo, El Comercio sacó unas
notas bastante documentadas sobre la existencia de compra bajo el esquema de secreto militar de temas
baladíes, ¿no?, temas como ropa, tema como bienes suntuarios, bienes domésticos de altas autoridades de
los institutos armados.
Entonces, en el CCD, que ya estaba para el 93, me parece, se incluye dentro de la ley de presupuesto —
porque eso se da en el debate de la ley de presupuesto— se incluye un artículo, que después se ha
reiterado tres años seguidos, en el cual se dice que a efectos de que los institutos armados y el Ministerio
del Interior puedan determinar si una compra es secreto militar o no, tenían que pedir un informe previo a
la Contraloría. Es decir un informe previo que califique la necesidad de adquirir, o sea para que el
instituto armado sepa si esto va por licitación pública o va por secreto militar; se le retiraba al instituto
armado la potestad de que ellos lo clasifiquen solo, sino tenía que ser con un informe de Contraloría.
Entonces, eso tiene tres años, 94, 95 y 96 creo, si mal no recuerdo son tres años.
Esto se manejó obviamente de manera muy reservada en Contraloría, mencionándole, además, el tema de
que había un conflicto armado en el país, la Contraloría era un tema no muy protegido en términos de
manejo de información. Entonces, se manejó de una manera muy reservada.
En algunos temas el que fue en ese momento el contralor, a través del subcontralor general de la
República, convocaba a personas que podían algo aportar en estos temas de informes previos. En algunos
casos me solicitó mi opinión sobre el tema de los informes previos para algunas adquisiciones, en el cual
lo que tenía que hacer era reportar si eso calificaba como secreto militar o no; en algunos casos califiqué
que sí estaban dentro del listado de bienes de secreto militar, en otros casos no se calificaba y es lo que,
digamos, se hizo en el contrato posterior.
Es más, en cada informe, porque de esos documentos hay informes, eso lo está investigando, si no me
equivoco, la Comisión Alejos; porque el señor congresista Alejos también tuvo a bien llamarme para
conversar sobre el tema, le traje la documentación, la deben tener ellos.
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