80 Alfonso W. Quiroz oidores era enriquecerse, mientras que los oficiales de cajas reales, a los que se debían supervisar cercanamente y prohibirles granjerías privadas, se aprovechaban del real tesoro en sus tratos con particulares. Los corregidores eran como langostas, proseguía Aponte, pues actuaban más como mercaderes y tratantes que como jueces, al introducir ilegalmente grandes cantidades de vino en sus corregimientos para su venta a un alto precio a los indios de sus distritos, además de albergar juegos prohibidos de cartas. Entre los muchos males identificados por Aponte en 1622, el más dañino para la economía colonial era la administración corrupta del asiento minero de Huancavelica. Su manejo como monopolio real era desastroso: «[es] el peso y lastre de este reino del Perú, y la cosa que V. M. más encarga todos los años y en la que menos diligencias se hacen de su aumento».46 Las minas de Huancavelica habían sido trabajadas en forma negligente desde su temprana explotación. Los estribos y arcos que sostenían los techos de las minas habían sido dañados o destruidos en la búsqueda por obtener mineral en forma fácil sin cuidar la infraestructura esencial y su restauración. En consecuencia, los frecuentes derrumbes mataban a muchos indios que trabajaban en las minas. Las autoridades no castigaban esta práctica abusiva y costosa. Más aún, las autoridades se apropiaban de parte del mineral de mercurio producido en lugar de distribuirlo, como era propio, entre los mineros de plata que lo necesitaban para sus obras de refinamiento. Los oficiales reales tampoco implementaban mejoras e imprescindibles técnicas como la debida ventilación y un socavón de desagüe. Los indios reclutados en número insuficiente a través del sistema de la mita eran sobreexplotados. Muchos de ellos morían debido al agotamiento y a las enfermedades. Las empobrecidas comunidades de indígenas y sus curacas se veían precisados a pagar por la exoneración de este servicio laboral en las minas. Con la complicidad de los corregidores, los mineros se beneficiaban de estos pagos ilegales, abusaban de los indios que trabajaban para ellos y atentaban contra la productividad de las minas.47 La imagen que Aponte tenía de la situación de las minas de Huancavelica queda corroborada por la correspondencia oficial de la segunda mitad del siglo XVII y de las décadas posteriores. En 1645, el marqués de Mancera, virrey entre 1639 y 1648, afirmó que, al asumir su cargo, la minería del mercurio en 46. Aponte, Juan de. Ob. cit., ff. 150v-151. 47. Ibíd., ff. 152-153v.