188 Alfonso W. Quiroz derrumbe de las viejas instituciones y la deformación de las nuevas en un contexto duradero de inestabilidad política y económica. La legislación de la deuda pública, los tempranos contratos de consignación del guano y las políticas económicas y comerciales fueron desviados intencionalmente de su objetivo del bien común por autoridades, empleados públicos y parlamentarios corruptos, así como por grupos de interés locales y extranjeros. El compuesto legal resultante fue un conjunto de normas innecesariamente complejas, poco claras y contradictorias, que inflaban significativamente los costos de transacción de los acreedores e inversionistas ordinarios. Los funcionarios gubernamentales coludidos, los enviados diplomáticos peruanos en el extranjero y los hombres de negocios locales y extranjeros manipularon en provecho propio las normas y metas del crédito público. En lugar de sentar una base segura para unos mercados de capital sumamente necesarios, los instrumentos fraudulentos del primitivo crédito público minaron seriamente el desarrollo financiero peruano. Estas corruptas manipulaciones financieras sirvieron los mezquinos intereses de funcionarios venales y comerciantes especuladores que buscaban privilegios rentistas. Dicha forma de corrupción financiera fue una costosa «innovación» hispanoamericana posterior a la independencia, al utilizar los mecanismos de la deuda pública para «esconder» o lavar sobornos y otras ganancias indebidas. Tal desvío y mala asignación de fondos pesó fuertemente sobre las generaciones futuras y tuvo como resultado unas considerables pérdidas indirectas (debido a la minada posición crediticia y la inestabilidad financiera) en las inversiones extranjeras, de cartera y directas. En el Perú, estas pérdidas fueron particularmente fuertes en las décadas de 1820 y 1850, y posteriormente en las de 1860 y 1870 (véase cuadro A.3). Combinadas, las distintas formas de corrupción características de los tempranos gobiernos republicanos ocasionaron fuertes costos y una burda asignación de recursos públicos, hecho que tuvo consecuencias negativas para la recuperación económica, el desarrollo y el bienestar. Según los estimados explicados y calculados en el cuadro A.4 del apéndice, los niveles comparativos más altos de corrupción (6,1 por ciento del PBI estimado y 135 por ciento de los gastos oficiales del gobierno), agravados por la guerra y las iniciales penurias fiscales, se dieron en el decenio de 1820. Sin embargo, las décadas de 1830 y 1840 también tuvieron altos niveles (que giraron en torno a 4,2 y 4,3 por ciento del PBI, y 79 y 42 por ciento de los gastos gubernamentales, respectivamente). Un alza en el costo total estimado de la corrupción, que suma un promedio anual de cinco millones de pesos, tuvo lugar en la década de 1850