116 Alfonso W. Quiroz La oposición a la reforma se manifestó de diversas otras formas. Serios problemas jurisdiccionales surgieron poco después de la implementación del nuevo sistema de intendentes, en particular en la intendencia de Lima. El superintendente de Lima y los intendentes a su mando tenían poder para ejercer poderes ejecutivos locales, y eso incluía el real patrocinio de la Iglesia, así como el manejo de los reales caudales, rentas y cuentas. En consecuencia, surgieron fuertes fricciones entre intendentes y obispos. Sin embargo, el conflicto más serio se produjo en la intendencia de Lima, donde las prerrogativas del virrey se superponían a las del superintendente. El virrey Teodoro de Croix (1784-1790) colaboró inicialmente con el superintendente Escobedo, pero desestimó e ignoró sus medidas y autoridad, especialmente aquellas concernientes a la real hacienda que tradicionalmente había caído bajo la jurisdicción del virrey. En 1787, un cambio en la política imperial le devolvió la plena autoridad políticomilitar y fiscal a los virreyes: Escobedo fue llamado a Madrid y tuvo que entregar la autonomía fiscal-administrativa de su superintendencia a Croix.137 José de Gálvez, el enérgico arquitecto de la reforma imperial, había fallecido en 1787. Un dividido Consejo de Indias revirtió entonces el impulso reformador. Las decisiones de Madrid pasaron a tener más en cuenta la autoridad de los virreyes que la de los intendentes. Esta tendencia conservadora quedó reafirmada y se consolidó con la muerte del reformista rey Carlos III en 1788. Su hijo Carlos IV, asesorado por el «preferido» ministro Manuel Godoy, condujo a España y a su Imperio hacia una espiral de guerras y crisis. En este contexto, Croix, el virrey del Perú, se convirtió en el principal defensor de la supresión del sistema de intendencias. Sin embargo su posición fue rechazada por el Consejo de Indias en el periodo 1801-1802, gracias a los consejos de nada menos que Escobedo, quien sirvió como miembro del Consejo hasta su muerte en 1805. Pero esta fue una victoria pírrica para los reformadores. Como siempre, la política colonial había retrocedido frente al consabido e irrestricto poder de los virreyes, lo que abrió nuevamente las oportunidades para la corrupción administrativa. La monarquía española vaciló así en su celo reformista institucional. A partir de entonces, la corrupción administrativa virreinal, los malos manejos en la minería, el contrabando y el nepotismo volvieron a crecer. En el ámbito provincial, los cargos de subdelegados o autoridades distritales, bajo la supervisión de los intendentes, fueron bastante codiciados por 137. Fisher, John. «Redes de poder en el virreinato del Perú, 1776-1824: los burócratas». En Revista de Indias 66: 236, 2006, pp. 149-164, esp. 156.