114 Alfonso W. Quiroz Decreciente celo reformista La pacificación eventual de la rebelión de Túpac Amaru II hizo que la reforma administrativa resultara más viable en la sierra sur que en la región central de Lima. Con la abolición de los corregimientos y el reparto, así como con la implementación del sistema administrativo descentralizador de las intendencias en 1784, la sierra meridional se benefició más ampliamente, al menos en el corto plazo. Unos años después se creó, en 1787, la Audiencia del Cuzco. Estos importantes cambios se produjeron bajo el mando de Jorge Escobedo (1781-1787), un nuevo visitador y superintendente que reemplazó a Areche. Escobedo fue el arquitecto principal de reformas importantes y acertadas. Su gran logro fue la implementación detallada y meticulosa del régimen de intendentes. En particular, el cobro y manejo autónomos de las reales rentas, fuera de la injerencia del virrey, mejoró con el nuevo sistema de intendencias al reducir en algo la corrupción. Los intendentes de cada una de las intendencias o provincias creadas estaban ahora a cargo de la caja real provincial, con lo que la recaudación creció en el periodo 1785-1795. Del mismo modo, la producción de mineral en el centro y el norte experimentó una notable mejora en este periodo. Hasta Huancavelica vivió un breve periodo de mejora, aun cuando el resultado final, según un funcionario depuesto, fuese un agotamiento minero y tecnológico aun mayor.132 Por otro lado, mejoró el cumplimiento de la ley y la vigilancia de los más de 40.000 habitantes de la peligrosa ciudad de Lima.133 Sin embargo, estos éxitos reformistas iniciales fueron limitados y temporales, pues los intereses locales presentaron una fuerte resistencia a la reforma como lo muestran las voces contrarias al cambio. 132. En el periodo 1777-1780, Areche no logró reformar Huancavelica, ni librarse de corruptos intereses locales, al nombrar al contratista minero Nicolás González Saravia y Mollinedo para que cumpliera con ciertos niveles productivos a bajo costo. Este hecho condujo a la indignada queja de José Fernández de Palazuelos, el desplazado gobernador acusado de prácticas ilegales. Este culpó a «Galvez, Areche, Guirior y compañía» por el desastroso daño público que consideraba habían provocado en el Perú, en «Peru, 1782 y 1784: informes dados por D. José Fernández de Palazuelos sobre el gobierno y estado de dicho virreinato», Ministerio de Guerra, caja n.° 5590, subcarpeta 5-B-9, Servicio Histórico Militar, Madrid (SHM). Véase también Fisher, John. Silver Mining and Silver Miners…, pp. 20-21. 133. «Informe sobre el mal estado de policía, costumbres y administración de la ciudad de Lima y conveniencia de establecer en ella el Tribunal de la Acordada, a semejanza del de México», Escobedo a Croix, ca. 1786, Manuscritos de América, ms. 19262, BNM.