34. Establecer que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional, tomando en cuenta las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad. Para estos efectos, las instituciones arbitrales deberán ser acreditadas por el OSCE. 35. Crear una procuraduría especializada en arbitrajes derivados de contrataciones con el Estado que se encargue de monitorear y asesorar a los procuradores que tienen a su cargo la defensa en estos arbitrajes. 36. Establecer que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción no puedan contratar con el Estado. VII. EVITAR LA CORRUPCiÓN EN LAS OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECER LA AUTONOMíA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES Uno de los factores que más desconfianza e indignación genera en la ciudadanía es la percepción de corrupción en las grandes obras públicas de infraestructura, así como de impunidad ante tan graves delitos. La falta de un Plan Nacional de Infraestructura, la poca transparencia, los postores únicos y los indicios de concertación entre postores, entre otros factores, constituyen elementos que el Estado no puede ignorar. La gran corrupción perjudica a quienes menos tienen y compromete el futuro del pais. La corrupción nos roba a todos los peruanos. Por ello, se propone: 37. Desarrollar y aprobar un Plan Nacional de Infraestructura, como política de Estado, que transparente y haga predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos veinte años, enmarcado en el Acuerdo Nacional. Este plan deberá incluir las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo. 38. Asegurar que todos los contratos de las grandes obras públicas de infraestructura cuenten con cláusulas anticorrupción. 39. Disponer que entre la fecha de adjudicación del proyecto y la fecha de cierre del contrato, el inversionista deba contar con un porcentaje adecuado de financiamiento comprometido para evitar la especulación y la negociación indebida de adendas de bancabilidad. Asimismo, asegurar la ejecución efectiva de las garantías de cumplimiento cuando las bases del concurso o las estipulaciones del contrato así lo establezcan. 40. Fortalecer la autonom ía de los organismos reguladores de servicIos públicos estableciendo que sus gerentes sean designados por sus respectivos consejos directivos. VIII. IMPULSAR LA ELECTRÓNICO SIMPLIFICACiÓN ADMINISTRATIVA Y EL GOBIERNO La complejidad en los procedimientos administrativos incentiva o genera espacios para la corrupción. Por ello, una de las medidas prioritarias para prevenirla requiere de una política decidida de simplificación administrativa en el sector público. 12