Como puede ver, el contexto internacional y los antecedentes normativos en América Latina y en el mundo, evidencian un avance hacia legislaciones más restrictivas y punitivas frente a la participación de la sociedad civil; vulnerando derechos y limitando el alcance de las organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional. Estas disposiciones vulneran, además, una serie de disposiciones y compromisos internacionales asumidos por los Estados. Como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. En ese marco, la aprobación del Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores – y su contenido – generan preocupación por el impacto que tendría afectando una serie de derechos constitucionales, desconociendo decisiones de los órganos jurisdiccionales y avanzando en la eliminación de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas; es decir, por el impacto que podría significar como aporte en la reducción del espacio democrático en el Perú. 12