AEROPERU fue privatizada con el supuesto objetivo de sanearla, modernizarla, generar empleo y mejorar la actividad aerocomercial en el país. Cuando se entregó a manos privadas, tenía un patrimonio deficitario de $2´832,000. Cuatro años después, ya privatizada, el patrimonio negativo de la empresa era de $132´399,000. Sesenta y seis veces más. La post-Privatización de la empresa Mientras la administración privada usufructuaba las rutas como Línea Aérea de Bandera, desviaba los ingresos de la empresa a otras compañías vinculadas a Aerovías de México. Por ejemplo en 1993 Aeroperú alquiló tres aeronaves por $ 60 mil dólares mensuales con una opción de compra por valor de $10 después de tres años, en marzo de 1997, cedieron los derechos que AEROPERU tenía sobre las tres aeronaves que había pagado a través de un alquiler-venta a una empresa que compraron en Las Islas Vírgenes: Richland Comercial Ltda.,ésta poco después, le arrendó las aeronaves a AEROPERU, por $ 84 millones, es decir, $ 24 millones más de lo que AEROPERU pagó por el alquiler-venta de esos mismos aviones. Un mes después, Richland Com. vende las naves a Pacific Aviation Holding Co., quien también las arrendó a AEROPERU por $104 millones mensuales. Esta operación se hizo además con el propósito de no pagar al Perú los aranceles e impuestos que correspondían por la internación definitiva de los aviones. Así, bajo la Presidencia del Sr. Roberto Abusada Salah, se fue reduciendo el patrimonio de la empresa a menos de su tercera parte, hasta ocasionar su situación de absoluta insolvencia. Para eso, sobrevaluaron alquileres de aeronaves, mantenimiento, carga, capacitación, y otros proporcionados por Aerovías de México y empresas afiliadas; subvaluaron los ingresos que AEROPERU les brindaba a ellos para no registrar utilidades; o finalmente, incluían deudas sin sustentación alguna a Mexicana de Aviación, Aerovías de México y SERVIRAMPA hasta por más $ 53 millones. Todo esto refleja el favorecimiento ilícito a los accionistas mayoritarios en perjuicio de los accionistas minoritarios. Todo esto, con la complicidad de los funcionarios de CONADE, que estaban en el Directorio para representar los intereses del Estado. La mayoría de estas irregularidades fueron conocidas durante la década anterior, sin embargo, es necesario preguntar ¿por qué el ex Contralor Victor Caso Lay no denunció a los responsables, si los exámenes efectuados en AEROPERU daban cuenta de estas irregularidades? ¿Por qué la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC otorgó licencias de operación a una empresa totalmente quebrada? ¿Quién protegía al Sr. Abusada y sus socios para que sigan usufructuando las rutas y desviando fondos hacia sus empresas en el extranjero? La Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001; ha presentado por unanimidad una denuncia contra los responsables y ha señalado su decisión de profundizar las investigaciones. Sin embargo, se ha causado un inmenso e irremediable daño al Perú. 28