altísimo nivel. Esto es como una recomendación general o que el Ministerio de Economía
contrate este personal para que hagan ese trabajo, pensamos que eso ya escapa a la comisión y al
presupuesto de la comisión del Congreso de la República.
En segundo lugar, pensamos que hay que suspender todas las leyes que imposibiliten y
desmiembren a la empresa para que la empresa pueda continuar en un proceso de privatización y
si quiere la empresa vender sus bienes raíces, que proceda a poner a la venta sus bienes raíces,
pero en todo caso evitando que se consuma el crimen que estaba en ciernes de parte de los tres
agentes en cuestión.
Y finalmente, esta empresa debería ser capaz de competir en el mercado, no tiene por qué
desaparecer y, en todo caso, de desaparecer lo debería hacer teniendo todos sus activos consigos
para que pague todos sus costos y los ingresos entren al Tesoro Público y no al bolsillo de
algunas personas.
Esto lleva eventualmente a hacer acusaciones sobre presidentes del directorio, miembros de la
Copri, ministros de economía, el señor Joy Way, todos los involucrados, los cinco involucrados
en las empresas de Miyagusuku, de las asociaciones de Miyagusuku y probablemente pedir la
extradición del señor Miyagusuku del Japón porque esto ya sería una cuestión penal.
El señor PRESIDENTE.— Bien, entonces está presentado el informe. No sé si quieren hacer
comentarios respecto al informe. Los planteamientos en concreto, entonces, giran alrededor de,
en primer lugar, solicitar una ampliación de la postergación de la liquidación de la empresa por
45 días y que se presten las facilidades para que un pequeño grupo pueda desplazarse hacia la
empresa a producir una revisión de la documentación de la empresa, considerando de que éste ha
sido un centro de adaptación delictiva significativo.
La segunda conclusión es señalar que a pesar de todos los problemas que ha tenido, verificando
si hay balance contables, estado de pérdidas y ganancias y otros hasta mayo del 2001, la
situación de Popular y Porvenir es la de una empresa rentable y que, por lo tanto, es otro
argumento adicional de por qué se procede a la liquidación y no a la privatización o a la
mantención de la empresa en cualquiera de las variantes como unidad operativa.
La tercera, es el señalamiento que hay un patrimonio significativo de la empresa y que la
empresa mantiene una ubicación importante en el ranking de balances y resultados de
aseguradoras a pesar de su situación y que esto se debe fundamentalmente a la situación de los
propios trabajadores y su esfuerzo a pesar de los problemas generados por la administración
Miyagusuku lo que identificaría como una posibilidad la de dar salida a la situación de la
empresa por una vía distinta a la liquidación.
La recomendación de dejar sin efecto el decreto. Si esto lo adoptáramos, yo no sé si se ha
producido una revisión de la propuesta presentada por el congresista Valdivia si se considera que
esto está adecuado o que hay que hacer algún perfeccionamiento porque evidentemente la
sumatoria de diversas fuerzas o la posición de la comisión como conjunto en este terreno, ya el
congresista Franceza adelantó que su opinión era favorable a este tema, es presentar esto como
proyecto de ley que es distinto al pedido de postergar la liquidación para aclarar el tema.
Y además, la necesidad de que se derogue ese decreto es porque coloca en muy mala situación a
otras empresas que podrían mantenerse como públicas o podrían ser privatizadas, pero estarían
en desigualdad de condiciones como negocio en marcha para cualquiera de las dos cosas, para
privatizarse o para mantenerse y por lo tanto el Estado perdería por angas o por mangas en
cualquiera de las propuestas, la privatizadora o la mantención de la empresa como empresa
pública.(6)
Y finalmente, el planteamiento de declarar la opinión de la comisión es tendrá que ser que
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