Informe Final de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional No. 6 tener la oportunidad de analizar los motivos por los que se pretende proceder contra un miembro de la Cámara e impedirlo si lo considera conveniente. La flagrancia hace alusión al descubrimiento del presunto delito, en el momento mismo de su ejecución o en los primeros momentos posteriores a dicho estadío. El procedimiento que ha establecido el Reglamento del Congreso para el levantamiento de la inmunidad por la comisión de un delito flagrante funcional o no; y el que corresponde para el caso de Denuncias Constitucionales difiere en cuanto a la sustanciación. Marcial Rubio señala que en el caso del delito común existe el desafuero , y luego el juzgamiento por el Juez de la causa7. En el caso del delito de función, García Belaunde señala que debe darse la acusación constitucional 8. 5.3. NATURALEZA DE LA INMUNIDAD Constitucionalmente, la inmunidad no importa impunidad para los funcionarios que transgreden las normas penales. Precisamente, para asegurar el respeto a la justicia, se prevé el levantamiento de la inmunidad del alto funcionario al que se impute la comisión de un delito. A diferencia de la inviolabilidad, la inmunidad hace referencia a una sustracción temporal del funcionario a la norma penal, por lo tanto: a) El goce de la inmunidad no lleva per se a la exoneración del delito, como si sucede con la inviolabilidad. b) El goce de la inmunidad no atenta contra la exigencia de responder ante los tribunales por la comisión de un delito. Todavía hoy se sigue discutiendo la naturaleza jurídico-penal de la inmunidad. La opinión mayoritaria se inclina por la tesis que la inmunidad parlamentaria es fundamentalmente, un requisito de procedibilidad, el cual únicamente opera MARCIAL RUBIO CORREA “Estudio de la Constitución de 1993”, Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial, Tomo 4, Lima Perú 1999, pag. 82. 7 DOMINGO GARCÍA BELAUNDE “Esquema de la Constitución Peruana” Editorial Justo Valenzuela, Lima-Perú, 1992 pag. 123 8 92