controlan el 3,5% del total del presupuesto y se encuentra un inmenso contrasentido, según el cual las escasas fuerzas del sistema nacional de control se destinan a verificar el cumplimiento de la legalidad del gasto en instituciones sin mayor significado económico. El argumento habitual para fundamentar esta inmensa desproporción es que de hecho los gobiernos locales manejan presupuestos reducidos, pero son numerosos y constituyen un elevado porcentaje del total de instituciones públicas. Así, como hay más de 1,800 municipios distritales y casi doscientos concejos provinciales, sucede que el número total de gobiernos locales es elevado y corresponde poco más o menos a los dos tercios del total de instituciones públicas, lo cual equivale al porcentaje de acciones de control efectuadas en ellos. Este argumento tiene los elementos habituales de un sofisma, puesto que emplea los números para conferirle alguna lógica a un proceso absurdo, por el cual la CGR dispuso que se supervise preferentemente a quien no contó con grandes fondos para gastar. Por el contrario, este proceso de concentración del control en municipalidades encuentra su fundamento político cuando se constata que, durante la década del noventa, el poder central encontró opositores sistemáticos en buena parte de las municipalidades. Es decir, la oposición democrática controlaba muchos gobiernos locales y ello motivaba el interés de la CGR por verificar sus estados financierooperativos. Así, la CGR habría actuado en esta materia por razones políticas, favoreciendo la campaña sistemática del gobierno central para terminar con todo rezago de legitimidad rival. Asimismo, se encuentra que la formación de las oficinas descentralizadas significó un aumento de las acciones de control en provincias, que alcanzaron un elevado 70% del total de operaciones realizadas bajo Caso Lay. Este aumento se consiguió a través de campañas sistemáticas para controlar en gran escala a numerosos gobiernos locales en determinadas áreas del país. Por ejemplo se registra para los años 1994 – 1995 las campañas operativas “Arena” 20, “Cusco” e “Ica” entre otras, que concentraron los escasos recursos humanos y materiales de la CGR en el control de las municipalidades dirigidas por miembros de la oposición. En un sentido opuesto se encuentra la evidencia sobre una corrupción bastante alta encontrada por la CGR en las municipalidades. Es decir, durante los noventa, la CGR denunció en forma regular bastantes casos de malos manejos en los gobiernos locales21. La reiteración de estas situaciones facilita el argumento de 20 CGR. Memoria Anual 1995. Lima: 1995. p23. Operativo realizado durante 1995 que comprendió la ejecución de 431 Acciones de Control, orientadas a las Municipalidades Provinciales y Distritales de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 21 Esta afirmación es corroborada por Jorge Carrillo Vargas, quien señaló que el direccionamiento, la orientación y qué municipios debían ser controlados provenía del despacho del contralor. Del mismo modo, el 12