Comisión de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 Área de Bancos 3-jul-02 En la liquidación de la Banca de Fomento se observa un proceso de desentendimiento de las responsabilidades que dificultan: un saneamiento real de la cartera y una real política de lucha contra la corrupción. Así, se generó un total desorden en las Comisiones Liquidadoras de la Banca de Fomento y la Comisión Administradora de Carteras que habría beneficiado a grandes deudores. La conclusión del proceso de la disolución y liquidación de los cuatro bancos de fomento debería ser retomada y encargada a la Superintendencia de Banca y Seguros y ejecutado conforme a lo dispuesto por la Ley General de las Instituciones Financieras, Bancarias y de Seguros, lo cual aseguraría ejecutar un proceso ordenado, controlado y supervisado y que no se dilate más en el tiempo. Debería eliminarse la administración de carteras crediticias a cargo del Estado mediante la Comisión Administradora de Carteras. En la práctica el proceso de cobranza implicó la intervención del Estado en el primer piso del sistema bancario, yendo en contra del mismo espíritu privatista de la Ley de Bancos. Se debería optar por alguna de las siguientes alternativas o combinación de ellas: a. Vender las carteras de créditos a los bancos privados; b. Encargar la cobranza de las carteras de créditos a los bancos privados pero bajo criterios claramente definidos y con encargo a la SBS de realizar una supervisión efectiva al proceso; c. Vender los activos que respaldan (o garantizan) los créditos transferidos al Estado; y d. Titulizar las carteras mediante la creación de fideicomisos, emitiendo títulos valores respaldados por los flujos de ingresos que generen dichas carteras. Luego el Estado subastaría estos títulos valores en el mercado, donde el mercado pagará por dichos títulos el precio que el mercado considere como más justo. Debe quedar claro que cualquiera que fuera la alternativa escogida, el Estado debería deshacerse de dichas carteras. El sistema de administración de carteras entró en un proceso poco transparente que habría permitido: a) beneficiar a grandes deudores (como Cobrelsa, Prolacsur) para que se disminuyeran o recalcularan los fondos adeudados; b) ejecutar garantías de deudores, transfiriéndolos a personas vinculadas a los deudores originales; y c) en el caso de los pequeños deudores, utilizarlos como pretexto para condonar o reducir los saldos deudores de los grandes deudores. La principal lección que dejó la Banca de Fomento y la demanda no satisfecha por los intermediarios privados durante la última década, es la necesidad de cambiar la tecnología crediticia para poder llegar al segmento de la población que no está siendo atendido por el sistema financiero. Esta tecnología debe ampararse en el análisis de los flujos de caja para el diseño de productos financieros estandarizados que puedan ser repetidos a mayor escala. Este esquema debería ser considerado para la implementación del nuevo Banco Agropecuario.