En este momento, por ejemplo, en Panamá tenemos un aproximado de 12 cartas rogatorias, de las cuales solamente una ha sido resuelta y además resuelta en sentido negativo; razón por la cual, además, estamos contratando un abogado en Panamá para que se haga cargo del seguimiento de los intereses del Perú. Pero ni Singapur ni Japón hasta la fecha han respondido en lo que atañe a los requerimientos del Presidente Fujimori. La señora PRESIDENTA.— En ese sentido, ¿la Procuraduría, como conocemos evidentemente defiende los intereses del Estado, al requerir a la Fiscalía de la Nación para iniciar los procedimientos pertinentes, ha considerado —independientemente de estos procedimientos que, como usted bien lo ha dicho, pueden ser lentos— la colaboración —usted acaba de indicar la contratación de un abogado que haga el seguimiento en Panamá— de alguna entidad privada especializada en temas, vamos a decir así no de pesca, pero de búsqueda de cuentas que no violente, obviamente, las normas internas de otros países? El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí, esa es una alternativa que se ha barajado desde un primer momento. Se pidieron presupuestos a varias instituciones internacionales, puedo mencionar las más destacadas, Krol y Control Risk, que es una empresa británica. Ocurre, sin embargo, que el presupuesto de estas empresas es sumamente oneroso, razón por la cual se ha estimado desde las autoridades competentes para proveer los fondos, porque éstos son fondos que tienen que ser liberados a través de un procedimiento diseñado por una comisión que está encima de la Procuraduría, que no había en ese momento la posibilidad para contratar empresas de este tipo. Pero a ello se suma otro argumento que me parece más importante, y es que cuando hemos consultado con autoridades fiscales o judiciales de los países donde requerimos la información nos han expresado cierta reserva por la naturaleza de la prueba que aportarían estas instituciones, porque muchas veces se agencian de las pruebas de manera ilícita; es decir, a través de un funcionario bancario amigo o a través de algún tipo de conexión que les permite tener acceso a información que legalmente no deberían tener. Entonces, es prueba que en los estándares internacionales no puede ser utilizada ante la autoridad judicial. Por ejemplo, en los Estados Unidos eso ha sido muy claro y enfático de parte de los fiscales en señalar que se tuviera mucho cuidado con el tipo de empresa que se contratara, porque si bien es cierto pueden ser muy hábiles en materia de análisis, en el tema de obtención de la fuente de información pueden tener algunos problemas. La señora PRESIDENTA.— Doctor Ugaz, esto sería sí de beneficio a nivel de información. Inclusive, vamos a señalar, si se diera las facilidades económicas para ese tipo de contrato la información que estas entidades entregaran serviría para que se pudiera identificar qué países quizás no han estado en la mira de la investigación, guardando obviamente la reserva para no afectar ni el ánimo ni las decisiones de las autoridades de cada país. Es algo que está contemplándose. El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Sí. Bueno, como fuente de información no oficial, digamos, es una alternativa que nosotros no hemos descartado y que depende de alguna manera, como he señalado, de un tema presupuestario. Ahora que se ha recuperado 47 millones de dólares se le ha hecho conocer al Presidente de esta posibilidad y él, como ha sido público, ha manifestado su interés en crear un fondo que permita de esos mismos dineros, de pronto, hacer una inversión; porque en el fondo se trata de invertir para poder obtener mejores resultados. En ese sentido, es una posibilidad que no hemos descartado, porque además estas empresas, que -5-