FUNCIONARIOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, doctor Azabache.— No, entendemos que todavía no hay un procedimiento de verificación ni sobre la identidad ni sobre la situación actual de Penagos, ni sobre la posibilidad de verificar la autoría de la agenda que Viviana Rosales presentó. Eso está a cargo de la Fiscalía del doctor Espino y tenemos que estar haciendo todos los esfuerzos para obtener ese punto dentro de la agenda de solicitudes de cooperación que hay con las autoridades colombianas. La señora PRESIDENTA.— Gracias doctor Azabache. No sé si a esta altura y agradeciendo la paciencia para todos los informes que seguramente...luego vamos a formalizar pedidos al Procurador Ugaz sobre información que por escrito nos va a ser muy útil. Es importante conocer el estado de las actividades de las investigaciones de la Procuraduría Ad Hoc para los derechos humanos. Creo que antes de hacer alguna pregunta sería muy importante escuchar al doctor La Mar. Antes de iniciar preguntas, escuchar un abreviado de lo actuado. El señor LA MAR.— A este respecto, y a diferencia de los casos de investigaciones de hecho de corrupción, nos encontramos con algunos obstáculos que al parecer el Ministerio Público consideraron que debían de removerse antes de continuar con las investigaciones. Uno ha sido el tema de la Ley de Amnistía y su aplicación a unos casos de violaciones de derechos humanos, y el otro es el del abocamiento indebido de la Justicia Militar, algunos casos en los cuales incluso hubo auto de sobreseimiento, que al parecer en algunas interpretaciones podían haber cerrado el caso y objetar por las cuestiones de investigación posterior por el tema de la aparente cosa juzgada. Si bien se presentaron las primeras denuncias por hechos graves de violación a derechos humanos en los meses de octubre y noviembre, estos empezaron a ser investigados y en términos prácticos la Fiscalía inició estas investigaciones de modo bastante regular, pero entendiendo que habían obstáculos de carácter procesal que habría que salvar. Evidentemente la Procuraduría desde el primer momento sostuvo que no habían obstáculos procesales por una serie de consideraciones. Y, en todo caso, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos da en el marco del caso Barrios Alto, permitió sostener que por lo menos en ese caso el deber del Estado era el de investigar y juzgar, como evidentemente ya lo habíamos sostenido desde el primer momento. La Fiscalía admitió esta apreciación a partir de la sentencia de la Corte, y se decidió primero a reabrir el caso y luego a ampliar la denuncia, cosa que se hizo y ahora tenemos un proceso por delito de homicidio calificado, lesiones graves y asociación para delinquir en contra de 20 personas, contra muchas de las cuales se ha dictado mandato de detención y arresto domiciliario. Respecto a este tema también tenemos la participación presunta del ex Presidente Fujimori, que ha sido objeto de investigación por una comisión aquí en el Congreso y como todos sabemos ya fue aprobada por el Pleno, ha sido enviada a la Fiscalía y en los próximos días entendemos que el viernes se vence el plazo para que la Fiscal de la Nación proceda a formalizar la denuncia correspondiente por los temas de Barrios Altos y La Cantuta. Sobre la base de la sentencia de la Corte y las propias consideraciones de la Procuraduría, nosotros sostuvimos ante la justicia militar la necesidad de que las investigaciones llevadas a cabo en ese fuero debían ser declaradas nulas, cosa que se hizo en el caso Barrios Altos; pero que la justicia militar ha entendido que ese fallo tenía solamente, se podía o era aplicable para el caso de Barrios Altos y no para los otros como por ejemplo el caso La Cantuta. -32-