66 POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Objetivo Específico 1.5: Instalar y consolidad la Gestión de Conflicto de Intereses y la Gestión de Intereses en la Administración Pública A. Situación Actual En la actualidad, los/las servidores/as civiles no están obligados a transparentar sus vínculos e intereses a fin de que estos sean de conocimiento público por parte de cualquier ciudadano/a (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). Pese a que se trata de una herramienta valiosa que busca evitar los escenarios de conflictos de intereses, no existen los marcos normativos adecuados para la exigibilidad de medidas en este sentido. De la misma manera, no existe un rol definido al interior de cada entidad y fuera de ellas, es decir una autoridad que se encargue de guiar, orientar y capacitar correctamente a los/las servidores/as civiles en los distintos temas concernientes a la ética pública. Esta debilidad es tal que, en los casos en los que se pudieran presentar escenarios de conflictos de intereses, los/las funcionarios/as no conocen de canales formales que les permitan definir cuál debe ser su manera de proceder (OCDE: 2017). Los propios mecanismos que regulan la observancia de principios o reglas éticas en la función pública no son suficientemente precisos y las reglamentaciones que regulan los supuestos de incompatibilidades no son monitoreados y supervisados por alguien que tenga atribuida la responsabilidad de hacerlo. Existe, entonces, una combinación negativa entre una imprecisión en la definición del sistema junto a las debilidades en su aplicación. Por su parte, la regulación de la interacción entre los/las servidores/as civiles y los/las ciudadanos/as a través de los mecanismos de gestión de intereses, resulta también imprecisa y poco transparente. Prueba de ello es el escaso nivel de cumplimiento de la legislación vigente que demanda una pronta adecuación (OCDE: 2017). Los bajos niveles de transparencia en la gestión de intereses han hecho que la ciudadanía perciba esta actividad como una fuente de conductas negativas, asociadas al favorecimiento de intereses privados por encima de los intereses públicos.