62 POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Objetivo Específico 1.3: Impulsar y consolidar la reforma del Sistema Electoral en el Perú y de las Organizaciones Políticas A. Situación Actual En la actualidad, el sistema político en el Perú presenta una suma de debilidades que vienen dadas por la ausencia de reglas claras, de exigencias mínimas relevantes, de transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y de sanciones efectivas que desincentiven el desarrollo de conductas contrarias al ordenamiento vigente. Esta situación hace posible que el crimen organizado y la corrupción busquen intervenir en la política con la gravedad que eso supone en el debilitamiento institucional de un país (Zovatto: 2004). Una de las problemáticas identificadas es la vinculada a los estándares para convertirse en candidato a un cargo de elección popular, los que resultan insuficientes a la hora de impedir la elección de personas involucradas en actos de corrupción y otros graves delitos. Asimismo, se ha identificado la ausencia de los mecanismos adecuados que fomenten un voto informado de la ciudadanía. Por otra parte, las organizaciones políticas no cumplen con los estándares requeridos en torno a la revelación de sus fuentes de financiamiento y aportantes, ya que no existe regulación sobre esta materia. Vale decir, el sistema normativo en la actualidad, permite que existan donaciones anónimas y no bancarizadas haciendo posible que el financiamiento pueda provenir de fuentes ilícitas sin que exista mayor información al respecto. Este problema se hace mayor si se toma en cuenta que no se encuentran garantizados adecuados procesos de democracia interna en los partidos políticos y la información sobre su funcionamiento y la información sobre los candidatos no se encuentra a plena disposición de la población, hechos que desincentivan un mayor involucramiento de la ciudadanía. De ahí que se haya advertido un elevado riesgo de captura política mediante el financiamiento de campañas y partidos políticos (OCDE: 2017). Un dato alineado con esta realidad viene dado por un 82% de la ciudadanía que percibe que el crimen organizado está infiltrado en la política, principalmente a través del financiamiento de campañas y en conexiones con funcionarios/as en puestos clave (Proética: 2015). Y es que, como se ha advertido en distintas ocasiones, no existen suficientes estímulos para que las organizaciones políticas cumplan con mejorar sus niveles de transparencia en la medida que no existen sanciones que desincentiven el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia (Comisión Presidencial de Integridad: 2016).