60 POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN de la información. En muchos casos, además, la información con la que se cuenta no es cotejada o puesta en valor a través del monitoreo de conductas posteriores (OCDE: 2017). Además, la falta de disponibilidad de información sobre las actividades de gestión de las entidades públicas impide una adecuada fiscalización y un eficiente diseño de estrategias de prevención de la corrupción. Al mismo tiempo, incentiva comportamientos contrarios a la ética pública en la medida que reduce sus probabilidades de detección. Por su parte, el trabajo llevado a cabo en la gestión de los archivos del Estado es todavía insuficiente en la medida que la información albergada en ellos no se encuentra debidamente protegida a través del uso de tecnologías y herramientas informáticas. En segundo lugar, en la actualidad tampoco existe un sistema de información integrado e interoperable, debidamente articulado, puesto en funcionamiento para combatir la corrupción y favorecer permanentemente prácticas de integridad en el sector público (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). Así, los esfuerzos para trabajar en este sentido, aparecen más bien aislados, con una multiplicidad de actores, desorden en la atribución de funciones y falta de reglas claras en los escenarios en los que resulta fundamental asumir responsabilidades. Por supuesto, los actores involucrados en la lucha contra la corrupción desde los distintos enfoques y a través de múltiples estrategias llevan a cabo sus labores con la mayor eficiencia posible; sin embargo, no existe un sistema que articule todos los esfuerzos y que, liderado por un organismo central rector, se encargue de manejar ejecutivamente las estrategias que se requiere implementar en el sector público para construir un Estado íntegro. Su inexistencia aparece tal vez como una de las razones por las cuales, incluso, se obstaculiza el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales vinculadas a la lucha contra la corrupción (Shack: 2016). B. Meta El país habrá puesto en funcionamiento mecanismos adecuados de información y procesamiento de datos que permitan a los órganos responsables de la prevención, persecución y represión de prácticas corruptas diseñar estrategias adecuadas y eficientes para combatir la corrupción, fomentando además la fiscalización y producción de información por parte de los/las ciudadanos/as y organizaciones de la sociedad civil. El país cuenta con un Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción articulado conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que alinea esfuerzos en la definición de estrategias de lucha contra la corrupción y que cuenta con un órgano rector responsable de dirigirlo. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se presenta como un organismo del más alto nivel encargado del seguimiento, monitoreo y evaluación permanente de las estrategias anticorrupción.