Los implicados de estas compras tenemos a : Víctor Ramos Ormeño y Gonzalo Rodríguez Maisterrena ambos directores generales de Economía y Rafael Francia Gonzaga Director de Tesorería de la Marina. Se ha constatado que distintas empresas representantes en el Perú adolecen de documentación exigible por parte de la SUNAT. En la mayoría de los casos no han registrado sus ventas en el Perú. Estas se han llevado a cabo por medio de Créditos Documentarios. Los pagos a dichas empresas la realizaban por algún Banco del exterior, en especial aquellas empresas que se encontraban en la ciudad de Miami. Lo representantes en el Perú, no emitían facturas ni comprobantes probatorios de sus ventas. Las facturas eran hechas en el exterior y las distintas Fuerzas Armadas aceptaban estos documentos. Al amparo de las exoneraciones de licitación y concurso público para la compra de equipos de campaña, armamento, equipos de comunicación y otros, sólo invitaban a las mismas empresas a presentar sus precios y a una supuesta competencia en un círculo cerrado de postores, admitiendo a veces sólo un postor. Varias de estas empresas vendían a las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, por lo tanto sus datos y documentación se encuentran archivadas en las respectivas oficinas de adquisiciones. Algunas empresas contaban con capitales insignificantes, sin embargo vendieron por montos de varios millones de dólares al Estado. La forma de constitución y operación de estas empresas con personas sin ninguna trayectoria empresarial, con montos mínimos de capital y sin guardar los requisitos de formalidad tributaria exigida por SUNAT, demuestran que se trataron de empresas simuladas constituidas por testaferros para realizar la compra-venta de armamento y otros bienes a las Fuerzas Armadas, con el compromiso de los más altos niveles de decisión institucional y del gobierno. Medios probatorios de los actos irregulares. Las facturas emitidas en el exterior así como la documentación de pago emitida por el Banco de la Nación han permitido identificar a los beneficiarios de dichas compras, así como a los funcionarios intervinientes en cada operación de compra-venta. La prueba documentaria de las irregularidades ha sido obtenida a través de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa, de los tres institutos de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación. VII. DE LAS CONCLUSI ONES EMI TI DAS EN EL I NFORME Nº 015-2001-CG/B370 DE LA CONTRALORÍ A GENERAL DE LA REPÚBLI CA SOBRE LAS GRAVES I RREGULARI DADES COMETI DAS EN LAS ADQUI SI CI ONES EN EL SECTOR DEFENSA 1. En relación con las irregularidades permitidas por la omisión y el abandono entre los años 1993-2000, de las responsabilidades de control y fiscalización que las normas legales le otorgan al Contralor General de la República, podemos señalar, entre otras, las siguientes: a. Algunas unidades de los Institutos Armados emitieron información parcial o distorsionada sobre su real ejecución presupuestal, mostrándose diferencias entre lo autorizado por las Leyes anuales de Presupuesto Público y lo realmente gastado tanto en bienes, servicios e inversiones (mayores), como en las partidas 67