Como se observa, el discurso del entonces Presidente de la COPRI resultaba plenamente ideológico, en razón de intereses oscuros de quienes aprovechando el poder de la función pública negociaban a espaldas de los intereses del país. Ello queda en evidencia en razón que de este primer paquete de empresas, hoy en día se encuentran con una serie de denuncias y que a la luz de los resultados económicos, para muchos entendidos y críticos, dichos procesos han presentado serias irregularidades, desde la subvaluación hasta el uso de información privilegiada para los postores por sus relaciones con personajes del gobierno fujimorista. El presidente de la COPRI (JY) argumentaba que era necesario llevar adelante estos procesos para financiar el déficit fiscal, incluso sostenía que todas las empresas públicas, considerando aquellas cuya situación financiera era difícil, serían factibles de ser vendidas, Yoshiyama sostenía que en su sector (como ministro) el 66% de las empresas estatales ocasionaban las mayores pérdidas al erario nacional. Paralelamente, el gobierno mediante decretos “creaba las condiciones” de libre mercado en la comercialización de los combustibles, se anulaba la fijación de precios o de tarifas públicas, y se precisaba que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda. Además se indicaba que la Comisión Nacional de Tarifas de Hidrocarburos, creada por el D.L. 655 tiene el propósito de propender la libre competencia en dicho sector. Este sería el marco que “garantizaría” el comportamiento de los precios para el mercado de combustibles, en particular del GLP. Es preciso tener en cuenta que las próximas inversiones privadas en este mercado no tuvieran una estructura de propiedad vertical para así evitar posiciones dominantes y la fijación de precios en “mercados imperfectos– monopólicos”. 21