asume el mando en su primer gobierno Alberto Fujimori; sin mayoría en el Congreso y sin una estructura partidaria clara, ni una propuesta de Gobierno consistente. Paralelamente, la situación de crisis nacional había permitido la gestación de un Plan de Control del Gobierno, propuesto por un sector de las Fuerzas Armadas en la perspectiva de conducir un régimen de larga duración, que reestructure el Estado, la economía y la sociedad. Este Proyecto, condensado en el llamado Plan del Golpe, que fuera publicado en julio de 1993, en sendos informes periodísticos; planteaba las modificaciones de la estrategia militar para la derrota de la subversión, junto a políticas económicas neoliberales, conducidas desde un poder autocrático que aplique un conjunto de medidas para el control de la sociedad, desde la “conducción sicológica” de la población, hasta las acciones para “frenar el crecimiento demográfico”. Este sector militar es el que luego del triunfo de Alberto Fujimori y ante su debilidad, pacta con él teniendo como intermediario a Vladimiro Montesinos; para establecer un régimen que aplique básicamente los lineamientos del Plan, bajo la presidencia de Fujimori. Una de las primeras medidas El Golpe de Estado efectuado el 05 de abril de 1992, instala un régimen que, con el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, controló con carácter absoluto el Poder Ejecutivo y el Legislativo, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y suprimió el Tribunal de Garantías Constitucionales. La reacción internacional obligó al régimen que nació del autogolpe, a establecer un cronograma de retorno a la democracia que conllevó a las elecciones del Congreso Constituyente Democrático, en el cual, con el control de la mayoría legislativa le permitió administrar la transición y lograr la aprobación de un nuevo texto constitucional promulgado en Diciembre de 1993. Un ejemplo de la relación entre los poderes públicos y las Fuerzas Armadas fue la que se evidenció cuando en junio de 1993, se solicitó en el Congreso Constituyente Democrático la investigación del caso de los desaparecidos de La Cantuta. Como respuesta, el Ejército realizó un despliegue de tanques en Lima para expresar su público respaldo al entonces Comandante General, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, con el argumento de que la mencionada investigación pretendía dañar la imagen de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, el propio CCD se autolimitó en sus funciones fiscalizadoras al acordar que sólo los Comandantes Generales concurrirían a declarar. Ante la necesidad de derrotar a la subversión y de las condiciones que presentaban los conflictos fronterizos con Ecuador, se emitieron disposiciones que establecían el “secreto por razones de seguridad” a un ámbito casi ilimitado y se fortalecieron las “prerrogativas institucionales de los militares”. Las instancias de control actuaron prácticamente bajo la premisa de que, sólo los institutos militares tenían el derecho de ejercer el control efectivo, exclusivo y excluyente sobre sus procedimientos internos. 2