“El interés público exige que las entidades del Estado y sus funcionarios actúen con absoluta transparencia en cada uno de los actos del proceso de contratación, garantizando que quien resulte adjudicatario reúna indiscutibles requisitos de solvencia no sólo técnica, sino – sobre todo- moral y ética, ofreciendo a la Administración (y a los usuarios) suficiente confianza sobre su idoneidad para ser merecedor de la condición de concesionario de un servicio público.” Francisco Eguiguren Praeli, Los contratos de concesión de servicios públicos y su resolución por razones de interés público. Mayo de 2001.