Asimismo, casi todos los proyectos ejecutados por las citadas empresas fueron cuestionados antes de que la operación Lava Jato se hiciera pública en Brasil. Así, por ejemplo, el contrato que dio origen a la Carretera Interoceánica Sur recibió duros cuestionamientos después de ser suscrito el año 2004 por haberle generado al Estado peruano cuantiosos gastos adicionales como consecuencia de numerosas adendas. De esta forma, después de que las noticias sobre el caso Odebrecht llegaran a Perú, el Congreso de la República, en cumplimiento de su deber de velar por los intereses del pueblo peruano y ejerciendo las facultades conferidas por el artículo 97 de la Comisión, decidió iniciar una serie de investigaciones destinadas a descubrir casos de corrupción de funcionarios en diversos niveles de gobierno con relación a los proyectos en los que Odebrecht y otras empresas brasileñas hubieran participado. Para lograrlo, el Parlamento creó dos comisiones investigadoras: La presidida por el congresista Juan Pari Choquecota, actualmente desactivada7, y la presidida por la congresista Rosa María Bartra Barriga. La Comisión Investigadora Multipartidaria, actualmente presidida por la congresista Bartra y autora del presente informe (en adelante la Comisión), se creó el 10 de noviembre del 2016 con el objetivo de investigar ‘’los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano’’. Una vez creada, la Comisión se instaló e inicio sus actividades el 4 de enero de 2017. Es importante señalar que la Comisión consideró incluir en las investigaciones a las consorciadas peruanas de las diferentes empresas brasileñas, las mismas que, incluso, también han incurrido en diversas irregularidades en la ejecución de obras y concesiones fuera del conocido caso Lava Jato. Al respecto, el Ministerio Público tiene una carpeta de casos emblemáticos denominada “Club de la Construcción” en la que estas empresas habrían incurrido en los delitos de tráfico de Influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se trata, entre otras, de las empresas peruanas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.; Graña y Montero S.A. y JJC Contratistas Generales S.A., las mismas que fueron sometidas a procesos de fiscalización de la SUNAT. Sus principales ejecutivos incluso fueron invitados a sesiones de la Comisión para 7 El Congreso de la República creó la primera comisión para investigar los actos de Odebrecht en el Perú el 1 de octubre de 2015, al aprobar el texto sustitutorio de la Moción de Orden del Día N° 13482. Los miembros de esta comisión fueron los congresistas Juan Pari Choquecota (Dignidad y Democracia), presidente de la comisión, Carmen Omonte (Perú Posible, reemplazada luego por el congresista Modesto Julca), Mauricio Mulder (APRA), Josué Gutiérrez y Daniel Abugattás (Partido Nacionalista. Abugattás fue luego reemplazado por el congresista Cristóbal Llatas), Karina Beteta y Jesús Hurtado (Fuerza Popular). De esta comisión surgieron tres informes, uno en mayoría y dos en minoría, ninguno de los cuales fue debatido por el Pleno del Congreso. 7