Muy buenos días. (Aplausos.) El PRESENTADOR.— Enseguida las palabras del congresista Rafael Valencia-Dongo, Presidente de la Comisión Investigadora de la Deuda Pública Externa en el período comprendido entre 1990 y el año 2000. El PRESIDENTE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1990 Y EL AÑO 2000, señor Rafael Valencia-Dongo Cárdenas.— Buenos días, señores congresistas, señor Presidente del Banco Central de Reserva, jóvenes representantes de las universidades arequipeñas, damas y caballeros. Para todos los peruanos y latinoamericanos, mencionar el asunto de la deuda externa es sinónimo de un problema entre manos. Sin lugar a dudas, las constataciones de sus características y condiciones hacen que se la perciba como una fuerte limitante para la inversión social, una restricción al desarrollo; y en ese sentido, enfrentamos una grave dificultad para construir la justicia social y para que la democracia se legitimice plenamente como régimen público. Para formarnos una idea de la magnitud de la deuda tomemos cifras de la memoria del BCR del año 2000. Considerando las obligaciones de mediano y largo plazo las deuda pública externa bordea los 20 mil millones de dólares y representa algo más de un tercio del PBI; es decir, es el 36%. Si le añadimos a esto la deuda privada, que se acerca a los 10 mil millones de dólares, tenemos entonces un 45%. Pero no solamente es el stock el que debemos tomar en cuenta, sino en especial de recursos del sector público que comprometen anualmente mil millones de amortización, otro tanto de intereses, en promedio 2 mil millones hasta el 2006, mil 750 millones hasta el 2003. Hoy el servicio de la deuda representa algo así como 4 puntos porcentuales del producto; es decir, alrededor de una cuarta parte de los ingresos corrientes y también de las exportaciones de bienes y servicios. En la otra cara de la moneda están la mitad de nuestros conciudadanos, en una situación de pobreza y pobreza extrema, la cual se ha incrementado en los últimos años, según las cifras corregidas del Instituto Nacional de Estadística. Datos que muestran una terrible distribución del ingreso y que relativizan grandemente cualquier apreciación de nuestra economía basada en cifras per capita. Evaluando los escasos recursos que disponemos para atender los requerimientos de una política social responsable de mejoramiento de capital humano y elevación de capacidades, pero también la necesidad de infraestructura social y productiva, entenderemos claramente por qué podemos considerar a la deuda externa, y más exactamente a su servicio, como una importante restricción para el mejor desempeño de la economía peruana. En el crecimiento del peso de la deuda externa sobre nuestras economías hay indudablemente asuntos de corresponsabilidad en su concesión y uso, aspectos que en diversos casos están teñidos de problemas de corrupción. Esta dimensión fue uno de los grandes temas de controversia en la década pasada y por ello nuestra Comisión recibió el encargo del Pleno del Congreso de la República para investigar los procesos de concertación y renegociación de la deuda pública externa en el período 1990-2000. Hoy tenemos entre manos hallazgos de los exámenes realizados que tienen que ver con graves problemas. Entre otros, por ejemplo, el mal uso de los instrumentos legales, que como decretos de urgencia, que ha permitido obviar todo el marco legislativo establecido para rodear al uso de los fondos públicos de una adecuada protección y transparencia. La posibilidad de que se emita dispositivos legales que mencionan aprobaciones, por ejemplo, del Consejo de Ministros; aprobaciones inexistentes o proyectos sustentatorios débiles o incluso no elaborados. Por otro lado, el uso indiscriminado de la calificación de secreto y confidencial en 3 sentidos: en contra de -2-