5. LA COMPRA DE AERONAVES PARA LA FAP – LOS MIG 29 Y SU 25.
Esta fue la operación más grande que se realizó con los fondos de la privatización,
la adquisición de los aviones MIG-29 y SU-25 por un monto total de US$ 591
millones, en ella, también ha estado presente la corrupción. Han participado, con
distintos grados de responsabilidad, políticos del más alto nivel de decisión,
proveedores de armas, oficiales de la FAP, y funcionarios del Estado con cuya
participación o consentimiento se efectuaron las operaciones.
Aprovechando la coyuntura de un probable conflicto con el Ecuador en los años
1995-1998, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, con la participación de
oficiales de la Fuerza Aérea, de funcionarios y Ministros de Estado, así como de un
grupo de proveedores de armas de las fuerzas armadas, asume el control del
proceso de adquisición de los aviones MIG-29 y SU-25 con la finalidad de obtener
comisiones ilegales. Para ello fue necesario el consentimiento del Presidente de la
República, del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás
de Bari Hermoza, y de los Comandantes Generales de la FAP Enrique Astete Baca
y Waldo Richter.
Por el volumen y la importancia de la adquisición, tanto el Presidente de la
República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y el más alto
jefe de las fuerzas armadas, Nicolás de Bari Hermoza, debieron haber tenido
conocimiento al detalle, de cómo venía realizándose el proceso de adquisición. La
presencia del Presidente de la República es gravitante en las fases más importantes
de la adquisición: él decide la conformación de una Comisión Especial Reservada
para la selección del mejor sistema de defensa aérea y para la aprobación de los
aspectos técnicos, operativos, financieros y doctrinarios; él decide la hipótesis de
guerra, él envía al Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Camet Dickmann, a
negociar los precios, despacha a diario con su asesor presidencial, firma las
resoluciones supremas y los decretos de urgencia secretos que autorizan el uso de
los fondos de la privatización para la compra de los aviones.
Se trata de una muy bien montada operación. Está claro que por tratarse de un
proceso de adquisición sumamente complejo, la comisión de los ilícitos sólo era
posible mediante un reparto de tareas, algunas de ellas llevadas a cabo en el
ejercicio de funciones asignadas pero que eran imprescindibles para consumar los
hechos delictivos.
Para comprender a cabalidad lo que ocurrió la Comisión efectuó un seguimiento de
los principales acontecimientos que ocurrieron en esta operación, los cuales pueden
resumirse de la siguiente forma:
Los integrantes del Consejo de Defensa Nacional, en el período 1994-1995, eran
entre otros: Alberto Fujimori Fujimori, el Presidente del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas: Nicolás de Bari Hermoza Ríos, el Jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas: Tomás Castillo Meza, el Ministro de Defensa: Víctor Malca
Villanueva, el Ministro de Economía: Jorge Camet Dickman y los Comandantes
Generales de los Institutos. El Comandante General de la FAP era el Gral. FAP
Enrique Astete Baca. También participaba Vladimiro Montesinos en su calidad de
Asesor Presidencial y del SIN, el mismo que había incrementado su influencia y
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